Unicato y servidumbre sindical

La reciente concentración en la Plaza de Mayo bajo los auspicios del Partido Justicialista para escuchar el discurso de la Presidenta de la Nación ha dado un testimonio incuestionable de que la Confederación General del Trabajo integra formalmente lo que en el peronismo histórico constituyó el brazo sindical partidario, excluyente titular de la personería gremial. Hasta ese momento, el hecho de que su secretario general, Hugo Moyano, fuese también miembro de la nueva conducción nacional del PJ encabezada por Néstor Kirchner, era interpretado en líneas internas de la CGT como una decisión personal que no involucraba la organización.
Pero el acto mencionado fue precedido de un comunicado suscripto por Moyano y por su adjunto en la central obrera, José Luis Lingeri, por el cual se disponía un cese de actividades de los trabajadores “para facilitar la presencia” en apoyo del Gobierno. La comunicación excluyó a los gremios de servicios indispensables para el éxito de la convocatoria. Por su parte, la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), carente de la personería específica, señaló que no lo hacía “orgánicamente” y que dejaba en libertad a sus afiliados, entre los que se cuenta el ausente gremio docente.
Como reiteradamente se ha señalado, la personería sindical es la figura formal del llamado unicato y monopoliza el tratamiento de los intereses específicos de los trabajadores, y se le asigna a la organización mayoritaria que negocia los contratos y paritarias para la totalidad de la actividad laboral.
En el caso de la CGT, esa ventaja se acentúa actualmente por la circunstancia de su integración en el oficialismo. Singularmente, la Ley de Asociaciones Profesionales -23.551- contradice el espíritu del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la libertad de asociación sindical con igualdad de derechos, con la sola exigencia de estar inscripto en un registro especial, algo en lo que hace años vienen insistiendo la CTA y otras organizaciones, que a lo sumo son beneficiadas con la personería jurídica, pero no con las facultades inspiradas en la “forza del lavoro” del fascismo. Otras declaraciones internacionales incorporadas con rango preeminente en la Constitución nacional (Art. 75 Inc. 22) sostienen el principio democrático de pluralidad, como lo ha observado la Organización Internacional del Trabajo, sin respuesta por parte del Gobierno argentino.
Al asumir la presidencia de la Nación Néstor Kirchner se produjo un sesgo favorable a la pluralidad sindical, pero la histórica presión de la CGT lo obligó a desistir y el reiterativo mensaje de su sucesora sobre institucionalidad y democracia acaba de mitificarse nuevamente con la pública asociación del unicato al poder.
Unicato que es, sin duda, el premio a la virtual regulación de salarios que, con Hugo Moyano en la mesa de trabajo presidencial, se ha tratado de imponer a las grandes organizaciones sindicales, procurando marginar el disfraz estadístico del Indec, aunque desconociendo el rango inflacionario del mercado real.
Paradójicamente, ninguna organización sindical despojada inconstitucionalmente de la personería gremial ha planteado judicialmente tan pertinaz situación monopólica; pero, sin duda, el duro testimonio de corrupción legislativa en el Senado en el intento de pluralizar las negociaciones paritarias, todavía pendiente de solución final, ha desalentado el legítimo recurso democrático de poner fin no sólo al unicato, sino a las oscuras internas gerontocráticas y con dineros públicos que se libran en la Confederación General del Trabajo sin respetar el pluralismo político de los trabajadores.