La Nación, en su hora decisiva

El virtual desplazamiento del Congreso de todas las decisiones fundamentales del Poder Ejecutivo Nacional es seguramente la más notoria demostración de la irregularidad con que transcurre la gestión gubernamental desde hace un lustro. Sin embargo, los frecuentes discursos de la Presidenta de la Nación y de su jefe del Gabinete aluden con tanta insistencia a la Constitución y las instituciones cada vez que deben tratar de fundamentar actos consumados sin participación de los representantes del pueblo y de las provincias. “Muchas veces en la Argentina hay que explicar muchas cosas obvias como, por ejemplo, cómo funcionan las instituciones”, llegó a expresar la señora Fernández de Kirchner como senadora, poco antes de asumir el Gobierno, para tratar de explicar el “modelo” institucional de su esposo. Hace un par de días, incluso, el piquetero kirchnerista Luis D Elía caracterizado por sus manifestaciones de violencia al servicio de ese poder, invocó igualmente el artículo 21 de la Ley Suprema -la obligación a armarse por la patria- para tratar de fundamentar otra acción agresiva, desatando una reacción social en centenares de comunidades del país, y extremando la crisis que ha provocado una severa división interna en el propio oficialismo.
   Más que el carácter inconstitucional y confiscatorio de las retenciones móviles a la actividad agraria, esas manifestaciones amenazadoras como virtual vocero del Gobierno han sido recibidas por la ciudadanía, desde ideologías muy diversas, como la amenaza concreta de un poder hegemónico concentrador de facultades. La escalada de la crisis ha adquirido por ello un sesgo inédito, pues evidencia que el tradicional “no te metás” está dejando paso a una sociedad democrática protagonista, que se esfuerza con su arma más poderosa, la paz, y el consenso activo por restaurar los valores ancestrales del pensamiento de Mayo. Infortunadamente, fue necesaria una experiencia como la presente, cuando la corrupción hace estragos, y la carencia de controles, sofocados por el poder hegemónico, provoca las deserciones de gobernadores, legisladores e intendentes, sometidos por la carencia de recursos propios y los subsidios disfrazados de una gran caja fiscal que practica la llamada “redistribución del ingreso” con disfraz estadístico que agrava la pobreza.
   En tan difíciles circunstancias la carta pública a la ciudadanía del vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, puede ser un cauce adecuado y por cierto, valiente para poner fin a una nueva crisis institucional. Su misión puede abrir el camino a la restauración constitucional devolviéndole al Congreso y, con ello a las provincias, el valor de sus roles como protagonistas republicanos y federales. El vicepresidente y titular del Senado cuenta seguramente con la experiencia necesaria para no cometer el error de una renuncia que, como la de su antecesor, Carlos Alvarez, dio lugar a un vacío institucional cuyas consecuencias fueron causa de un presidencialismo seguramente necesario pero finalmente abusivo. No hay ningún elemento testimonial de que la reacción social, que ha hecho crisis por causa del conflicto del campo, pretenda el fin de la gestión presidencial. Tan sólo se aspira a una autonomía de sus decisiones en un firme contexto constitucional, para que las diferencias propias del sistema republicano se diriman en la plenitud funcional de los representantes del pueblo y de las provincias. La decisión presidencial de que sea el Congreso quien debata las conflictivas retenciones móviles, puede ser un paso recuperador de la República ante un mundo que demanda sus alimentos y  nos observa desconcertado.