Por el camino de la confrontación

El discurso de la presidenta Fernández de Kirchner, al cumplir seis meses de gestión, no ha servido, ni evidentemente lo pretendía, para poner fin al conflicto con el campo, o al menos procurarlo, a pesar de haber evolucionado con crecientes testimonios de tensión. La carencia de diálogo adecuado ha sido sin duda la causa de una realidad presente que sólo depara incertidumbre en lo inmediato y amenaza la paz de la sociedad, víctima de sus consecuencias.
   En la vecina Chile, el gran paro de camioneros que detuvo al país halló de inmediato negociación en la presidenta Michelle Bachelet y ambas partes debieron hacer concesiones para normalizar la situación. En España, como entre nuestros vecinos, la subida del precio de los combustibles paralizó el transporte y de inmediato se encararon las negociaciones por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega que, como Bachelet, integra una administración socialista.
  El nuestro, sin duda, tiene también origen democrático, pero su ejercicio no se corresponde con la plena relación entre representados y representantes. Es por eso que el consejo episcopal de la Iglesia debió instar al poder político para que establezca un diálogo con la dirigencia agropecuaria, y que haya intervenido la Defensoría del Pueblo con el mismo fin.
   Sin embargo, esas gestiones -descalificadas por el propio ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández-, tuvieron por réplica aquel discurso presidencial donde se anunció un decreto para un programa social con recursos provenientes de las conflictivas retenciones móviles, matriz esencial de la crisis.
   Esa medida presidencial, imprecisa debido a que está condicionada por la variable suma de las retenciones periódicas, es otra secuela de la ausencia del Congreso en la casi totalidad de las decisiones fiscales del Poder Ejecutivo y que, por consiguiente, no las controla a pesar de la rigidez con que la Constitución lo establece.
   La Presidenta y sus asesores, tan cercanos al crispado discurso del ex presidente Kirchner y titular del partido oficialista, se apoyan en  la reforma que hizo el último gobierno de facto al Código Aduanero, donde se estableció que el Ejecutivo puede fijar alícuotas a ciertos tributos, mas la Constitución reformada en 1994 puso fin a esa situación.
   Entretanto, se van acumulando fallos judiciales de primera instancia que declaran la inconstitucionalidad de las retenciones que marginan al Congreso y que, como en el caso de la jueza Liliana Heiland, hace lugar a un recurso de amparo  en base al principio de legalidad tributaria , declarando inconstitucional al Código Aduanero.
   La magistrada sostiene que el productor y no el exportador es el afectado por las retenciones móviles, un paso muy importante para que el conflicto llegue a la Corte Suprema de la Nación, si no lo logra antes el Gobierno de la provincia de San Luis; o el propio defensor del Pueblo con su insistencia ante el Poder Ejecutivo, que obtuvo una primera respuesta autoritaria.
   Invocar la pobreza y redistribuir riqueza prescindiendo de los cauces constitucionales es, como demuestra la experiencia, una utopía impropia de un estadista democrático que prescinde o ignora que sin seguridad institucional y jurídica no es posible disponer de genuinos recursos.
   Desafortunadamente, no parece que haya buena voluntad para comprender la realidad de los mejores, donde el diálogo y el consenso son los recursos capitales para el bienestar.