El anticumpleaños de la Constitución de 2006

Los hechos de la actualidad, en ocasiones, esconden tal grado de sarcasmo que parecen tramados por dramaturgos griegos, esos que atribuían las peripecias del devenir al arbitrio de dioses caprichosos. En el siglo XIX, con mayor rigor, el alemán Friedrich Hegel inventó el concepto de astucia de la razón para burlarse de los hombres que creían que movían los hilos de la historia cuando, en realidad, en su concepción, era aquella la que se valía de ellos.
Capricho o astucia, el viernes se cumplieron dos años de la sanción de la Constitución provincial de 2006, pero la circunstancia pasó prácticamente inadvertida. Es más, el mayor acto institucional que hubo en Tucumán fue de carácter federal: la audiencia pública anual de información del Consejo de la Magistratura de la Nación, que celebró aquí diez años de efectivo funcionamiento.
Lo paradójico radica en que, formalmente, se rindió homenaje a un órgano considerado como un avance en la historia de la despolitización de la selección de los jueces en la Argentina el mismo día del aniversario de una Carta Magna que, a juzgar por cómo previó el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en el orden local, significa todo lo contrario de aquel proceso y hasta sintetiza su clausura.

Desafortunadamente único
En el ámbito nacional aún no termina de digerirse el retroceso que significó la sanción de la kirchnerista Ley Nº 26.080. Esta alteró el equilibrio que, según la Constitución nacional reformada en 1994, debía haber en la composición del Consejo entre los representantes políticos (senadores y diputados), los de los magistrados y los de los abogados de la matrícula federal. Ahora, siete de los 13 consejeros hablan por el primer estamento y cinco de ellos (incluido uno por el Poder Ejecutivo) responden directamente al oficialismo (los otros dos, al radicalismo).
Aun con esta odiosa modificación, de dudosa constitucionalidad, el presidente del cuerpo, el santafesino Mariano Candioti, destacó que constituye un límite a la discrecionalidad y un punto de inflexión en pos de una selección transparente, democrática y calificada de los jueces. Esto, en la medida en que, para la cobertura de vacantes, el Consejo sugiere al Presidente ternas de abogados luego de un proceso que incluye un examen escrito y entrevistas a los postulantes.
Con entusiasmo, Candioti anunció la idea de crear una suerte de comité federal, que agrupe a todos los Consejos de la Magistratura que funcionan en 15 provincias, siempre pensando en el objetivo de aunar criterios que aseguren un piso de calidad en el perfil institucional del magistrado que se necesita en todo el país. Si finalmente se concreta esta pretenciosa iniciativa, Tucumán se verá en un aprieto, porque el CAM, tal como fue mentado por los convencionales de 2006, a lo sumo podría asistir a recibir instrucciones del Ministerio del Interior o de la Jefatura de Gabinete. En efecto, el viernes se cumplieron dos años desde que el CAM fue rebajado prácticamente a la categoría de organismo de la administración pública provincial en tanto fue ubicado dentro del capítulo de atribuciones del Poder Ejecutivo, al que, consecuentemente, se libró el cheque en blanco institucional de organizar el mencionado órgano por simple decreto. Esto, por cierto, lo hace desafortunadamente único en el país.

Dicho al pasar
Pese a que entre los siete consejeros que vinieron a Tucumán figuraban dos legisladores kirchneristas (entre ellos, la impetuosa diputada Diana Conti), las autoridades provinciales ni pisaron el auditorio del Colegio de Abogados, donde se desarrolló la audiencia (sólo asistió el secretario de Derechos Humanos, Daniel Posse, pero por su interés en la marcha de las causas vinculadas a la dictadura militar). Sabían que, aunque se trataba de un acto más bien formal y relacionado con la Justicia Federal y Nacional, no podían exponerse. Esto teniendo en cuenta que con dicha entidad vienen polemizando agriamente, y más desde que los letrados cuestionaron judicialmente las modificaciones constitucionales de 2006 que, a su entender, sólo buscaron (a través del CAM por ejemplo) construir una magistratura satélite de los poderes políticos.
Por eso, el viernes, Antonio Bustamante, presidente de la institución anfitriona, lucía más feliz -y abrazador- que de costumbre. Era 6 de junio y parecía más bien el anti-aniversario de la Constitución alperovichista: nadie se acordaba de ella, ni en el Gobierno que la engendró, dándoles la razón a los juristas que advierten que el poder sin límites o sin los contrapesos adecuados es visto o padecido como un maleficio público, porque, precisamente, son los controles los que vuelven al poder sensato y responsable.
En el imaginario de Bustamante, además, los tucumanos podían advertir con transparencia cómo funciona el Consejo de la Magistratura de la Nación, fuertemente diezmado en su jerarquía por la Ley 26.080, pero polifónico al fin, en un espectáculo institucional en el que representantes de los jueces y de los políticos, además del público, intercambiaron contrastantes puntos de vistas respecto de los criterios para la selección de quienes aspiran ingresar a la judicatura, entre otra cuestiones. A eso hay que sumar que también estaban los titulares de las Cámaras Federales del país, que dispararon audaces críticas contra el Consejo y el poder político. Ahora aspiran a convertirse en el equivalente a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia provinciales.
Como al pasar y seguramente pensando en la causa sobre la reforma, que lo enfrenta al Gobierno y cuya esperanzadora resolución depende de la Corte Suprema provincial, Bustamante destacó el valor de que los consejeros hayan sesionado en un "emblemático edificio donde se defendió y defiende la independencia del Poder Judicial".
Como si se tratara de una broma de la historia o de una hegeliana astucia de la razón, el viernes terminó dando un discurso Bustamante en vez de Alperovich, ausente en Buenos Aires. Quizá esta es la prueba de que las hegemonías sólo fecundan o son posibles a expensas de Constituciones débiles, como la tucumana, cuestionada en su propia constitucionalidad. Esto explica, también, por qué el 6 de junio no se celebra el día de la mejor obra pública del actual Gobierno.