Dos años no es nada

Dos años no es nada porque la reforma de 2006 no trajo mejoras a la gente, porque las instituciones no lograron una mejor representación de los intereses ciudadanos, porque los excesos que se cometieron en su tratamiento motivaron reclamos judiciales y sentencias que así lo admitieron, porque resultado de la judicialización de la reforma, se ha paralizado el mecanismo de designación de los jueces y esto provocará un grave daño al servicio de justicia al desconocerse cómo se reemplazarán a los muchos magistrados que están a punto de jubilarse. En fin, nada.
Podríamos reescribir el título de esta nota y decir “Dos años y todo sigue igual”, pero faltaríamos a la verdad: para algunos sectores el cambio fue para mejor, porque muchos legisladores, concejales, intendentes que actuaron como convencionales constituyentes pudieron permanecer en sus cargos al haber(se) aprobado su propia reelección, porque el sistema del acople de candidaturas funcionó como una lista sábana potenciada y aseguró mayorías legislativas nunca vistas, porque el sistema de contralor recíproco entre los poderes se ha desvanecido por vías indirectas como la declarada inconstitucional forma de designación de los jueces o el manejo presupuestario de los recursos del poder judicial.
A la hora del balance, la reforma parece haber potenciado la separación entre pueblo y gobierno, entre los autores (beneficiarios) de las reformas y los intereses de la gente. Ha ido de contramano al sistema de reparto de competencias entre los distintos poderes del Estado, diseñado para dividir el poder, evitando abusos, y para el recíproco control entre los mismos, con un solo interés: proteger los derechos de la gente, del pueblo, el verdadero soberano.
Parece no haberse entendido el vínculo que existe entre el bienestar del pueblo y un marco legal capaz de asegurar la vigencia de ciertos derechos. Que un sistema de instituciones fuertes, permiten diseñar y ejecutar reformas graduales, sólidas y adaptadas a la realidad;  sumar seguridad jurídica y estabilidad institucional  en economías cada vez más globalizadas y mercados más exigentes; capacidad de respuesta y adaptación; políticas públicas predecibles y confiables; fiabilidad con flexibilidad para estimular el crecimiento de las empresas y la ampliación del mercado laboral; capacidad de inversión en infraestructura y capital humano.
Por eso, para no agobiarnos, preferimos pensar que dos años no es nada. Que la reforma de 2006, además de innecesaria, fue una oportunidad perdida, porque Tucumán, cuna de Alberdi, incumplió el mandato histórico de ser líder intelectual y pionera en materia constitucional entre las provincias argentinas.
En fin, porque como tucumanos nos hubiera gustado estar orgullosos de nuestra Constitución y algunos se han empeñado en que no sea así.