Sin la autonomía municipal ni el voto electrónico

La Constitución de 2006 estableció una serie de institutos y reclamó leyes reglamentarias que aún no tienen aplicación efectiva.
Precisamente, la Legislatura se encuentra en mora respecto de dos cláusulas transitorias. La primera de ellas, el artículo 157, establece: "El sistema de votación electrónica establecido en el Artículo 43, inciso 3º, se aplicará en forma progresiva, según lo permitan las exigencias técnicas y económicas que su ejecución demande. La ley reglamentaria deberá ser aprobada antes de la finalización del año 2006".
De la misma manera, la Cámara incumplió con el plazo perentorio impuesto por la Carta Magna para dictar una norma que permitiera la cristalización de la autonomía municipal. Concretamente, la Carta Magna permite a los municipios celebrar comicios para elegir a los representantes vecinales que, reunidos en una Convención, dictarán las correspondientes cartas orgánicas. El Poder Legislativo debía reglar sobre esa cuestión "antes de la finalización del segundo período de sesiones ordinarias, correspondiente al 2007", pero no lo hizo.

Objetados en la Justicia
De igual forma, a partir del viernes pasado, ya podría haber comenzado a ser empleado un régimen para realizar modificaciones en el texto constitucional mediante un régimen de "enmiendas" parlamentarias. Es decir, cambios constitucionales dispuestos por una mayoría parlamentaria especial, sin necesidad de convocar a una Convención Constituyente. Este procedimiento está cuestionado judicialmente. Igualmente, la Legislatura no dictó una ley fijando cómo debería procederse, aunque no tenía un plazo para hacerlo.
También a causa de los reparos efectuados por el Colegio de Abogados de la capital, a los que hizo lugar la Cámara en lo Contencioso Administrativo en una causa apelada por el Poder Ejecutivo a la Corte Suprema de Justicia, están frenados los institutos de selección y de remoción de magistrados.
En el primer caso, los Constituyentes determinaron que la organización del Consejo Asesor de la Magistratura es una de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Precisamente, su composición con mayoría de miembros políticos, fue cuestionada judicialmente. Por la misma razón tampoco puede funcionar aún el Jurado de Enjuiciamiento, encargado de sancionar a los jueces, cuyas bases están fijadas en los artículos que van del 125 al 131, inclusive.