El texto vigente de la Constitución provincial acaba de cumplir dos años. Fue sancionado por la Convención Constituyente el 6 de junio de 2006 y sus miembros (eran oficialistas: los opositores se retiraron antes, tras denunciar que se ignoraban sus propuestas) llevaron el digesto reformado al gobernador, José Alperovich.
Conforme pasa el tiempo, ese hecho adquiere mayor significación, porque entre los institutos de la Carta Magna que ya se aplican están los que les dieron más atribuciones a los poderes políticos.
El más evidente es el instituto de la reelección consecutiva, gracias al cual 24 legisladores de la gestión anterior hoy siguen en funciones, al igual que el mismo Alperovich.
Respecto del Poder Ejecutivo, también mantuvo vigencia, a partir de su reconocimiento constitucional, la sanción ficta de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que quedan firmes si no son expresamente rechazados por la Legislatura a los 20 días de que le comunicaron sobre su dictado. De igual manera, el mandatario ya emplea la facultad de definir el número de ministerios de su poder: la Constitución de 1990 lo compelía a tener sólo cinco, mientras que ahora cuenta con ocho.
Rige, asimismo, el nuevo esquema de la Junta Electoral Provincial: sigue integrada por el vicegobernador y el titular de la Corte, pero se desplazó al ministro fiscal y en su lugar se ubicó al fiscal de Estado.
En materia parlamentaria, se ampliaron los fueros de los legisladores, quienes además pueden pedir licencias para ocupar cargos ejecutivos: antes de la reforma, tenían que renunciar a la banca. Por otra parte, se aplica la disposición de que es el presidente de la Legislatura el que fija las dietas: con la Constitución anterior, toda variación sobre las remuneraciones regía para la futura composición.
En materia de leyes reglamentarias exigidas por la Constitución de 2006, también se dictó el nuevo Régimen Electoral y se creó el Ente Cultural de Tucumán.
Otras vetas
Ahora bien, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, destacó que no sólo se han dado cumplimiento a los aspectos políticos de la reforma. En ese sentido, elogió la consagración de los derechos humanos, la protección para la niñez, la adolescencia y la tercera edad, la preexistencia de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, "pautada desde el Preámbulo".
"En materia de salud y de educación también fueron establecidas una serie de garantías cuyo espíritu es reivindicado por este Gobierno en cada nueva escuela y en cada nuevo hospital que construye, así como en las mejoras en las prestaciones de esos servicios esenciales, que están a la vista en mejores índices sociales", puntualizó.
Jiménez afirmó, además, que hay institutos políticos que representan, también, importantes avances. Destacó los límites que la Constitución de 2006 pone a eventuales intervenciones federales, la consagración de figuras como el hábeas data y el hábeas corpus y el rango constitucional para el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, entre otros puntos.
Conforme pasa el tiempo, ese hecho adquiere mayor significación, porque entre los institutos de la Carta Magna que ya se aplican están los que les dieron más atribuciones a los poderes políticos.
El más evidente es el instituto de la reelección consecutiva, gracias al cual 24 legisladores de la gestión anterior hoy siguen en funciones, al igual que el mismo Alperovich.
Respecto del Poder Ejecutivo, también mantuvo vigencia, a partir de su reconocimiento constitucional, la sanción ficta de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), que quedan firmes si no son expresamente rechazados por la Legislatura a los 20 días de que le comunicaron sobre su dictado. De igual manera, el mandatario ya emplea la facultad de definir el número de ministerios de su poder: la Constitución de 1990 lo compelía a tener sólo cinco, mientras que ahora cuenta con ocho.
Rige, asimismo, el nuevo esquema de la Junta Electoral Provincial: sigue integrada por el vicegobernador y el titular de la Corte, pero se desplazó al ministro fiscal y en su lugar se ubicó al fiscal de Estado.
En materia parlamentaria, se ampliaron los fueros de los legisladores, quienes además pueden pedir licencias para ocupar cargos ejecutivos: antes de la reforma, tenían que renunciar a la banca. Por otra parte, se aplica la disposición de que es el presidente de la Legislatura el que fija las dietas: con la Constitución anterior, toda variación sobre las remuneraciones regía para la futura composición.
En materia de leyes reglamentarias exigidas por la Constitución de 2006, también se dictó el nuevo Régimen Electoral y se creó el Ente Cultural de Tucumán.
Otras vetas
Ahora bien, el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, destacó que no sólo se han dado cumplimiento a los aspectos políticos de la reforma. En ese sentido, elogió la consagración de los derechos humanos, la protección para la niñez, la adolescencia y la tercera edad, la preexistencia de los pueblos indígenas y el reconocimiento de la vida desde la concepción, "pautada desde el Preámbulo".
"En materia de salud y de educación también fueron establecidas una serie de garantías cuyo espíritu es reivindicado por este Gobierno en cada nueva escuela y en cada nuevo hospital que construye, así como en las mejoras en las prestaciones de esos servicios esenciales, que están a la vista en mejores índices sociales", puntualizó.
Jiménez afirmó, además, que hay institutos políticos que representan, también, importantes avances. Destacó los límites que la Constitución de 2006 pone a eventuales intervenciones federales, la consagración de figuras como el hábeas data y el hábeas corpus y el rango constitucional para el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo, entre otros puntos.







