En el discurso de Luis María Bunge Campos, uno de los tres representantes de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación, son recurrentes conceptos como "Justicia paritaria" o "cambio cultural". Está convencido de que los magistrados, en particular desde la crisis financiera e institucional de 2001, han adquirido en el país una visibilidad social que antes no tenían. Advierte que este proceso es irreversible y, por ende, en los Tribunales deben estar preparados para afrontarlo.
El vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal participó en Tucumán de la audiencia pública anual de información del órgano encargado de la selección de los jueces nacionales y federales. En la ocasión, abogó por una reforma estructural de la Escuela Judicial, que depende del Consejo, para que la capacitación de empleados, funcionarios y jueces sea un fin en sí mismo, y no un trampolín para acumular antecedentes o puntos pensando en ascensos o en futuros concursos.
-¿La Justicia parece vivir un momento muy convulsionado y hasta de deliberación interna?
-En este proceso, hay dos o tres elementos que deben ser tenidos en cuenta y que no pueden ser soslayados. El primero es el rol del Poder Judicial a partir de la crisis de 2001, fundamentalmente con la cuestión del corralito financiero. En Buenos Aires, había colas de siete cuadras que la gente hacía para interponer un amparo. Uno veía a las dos de la mañana las luces de los Juzgados encendidas y la Justicia, en eso, fue un factor de reconciliación. La sociedad había experimentado una ruptura con los jueces, como parte de una crisis de legitimidad general con todos los poderes, incluido el judicial. A partir de 2002 esto se modificó.
-¿Qué sucedió desde entonces?
-La idea de que los jueces tenemos que dar la cara ante la sociedad y que debemos dar cuenta de nuestros actos no sólo por las sentencias, que deben justificarse, explicarse y motivarse por sí mismas, sino que tenemos que decir por qué hacemos lo que hacemos. Esto, por cierto, nos somete a la crítica no sólo de las partes sino del público. Por eso, es interesante que interactuemos y, sobre todo, que escuchemos. Todos los espacios son útiles para que los jueces nos encontremos. En un país como la Argentina, donde conviven la Justicia Federal y las provinciales, los encuentros sirven para intercambiar experiencia, para reflexionar y para compartir con todos los actores del sistema jurídico: los abogados, los jueces y las partes, es decir, la gente a la que está dirigido nuestro servicio y que nos trae su conflicto para que nosotros lo resolvamos.
-¿Qué le parece que haya sido modificada la composición del Consejo y que el estamento político tenga mayor representación?
-Esto perjudicó enormemente a los jueces. Por eso lo criticamos tanto, más teniendo en cuenta que en otros Consejos de la Magistratura, como el italiano, la mitad de los integrantes son jueces.
-¿Esto afecta la tendencia a que la selección de los jueces sea más profesional que política?
-El modelo que tenemos es mixto, de designación política con selección técnica previa de postulantes por medio de un concurso. No es ni un modelo de selección técnica pura, ni de designación política pura. Esto, más allá de la composición del Consejo, no ha cambiado. Los concursos se siguen haciendo y siguen siendo objetivos. La prueba es mirar en las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo cuántos nombres de postulantes se repiten. Hay gente a la que le va bien en todos los concursos. Eso indica transparencia y que, a la larga, esa persona obtendrá lo que se merece.
Audiencias públicas
Cuando se acerca el fin de la entrevista con LA GACETA, Bunge Campos insiste con el mismo entusiasmo: "hay que mostrar qué se hace. Desde el punto de vista del contenido de las sentencias, la Justicia no está haciendo las cosas diferentes de lo que las hacía hace 40 años. Pero ahora se ve más, porque hace 40 años había un nivel de satisfacción más alto. Entonces, son importantes las audiencias públicas, la oralidad, la publicidad de los procesos. Tienen que ver con que la Justicia debe ser, no un espectáculo, pero sí una experiencia compartida con y por la sociedad. Esto achica distancias en la medida en que la gente le ve la cara al juez, ve cómo razona, cómo y qué exponen las partes. En definitiva, se ve claramente cómo se hace justicia".
"Con nuestros primos (fiscales y defensores) tenemos que dividir la sociedad patrimonial. Ellos están con todo derecho en los edificios de la Justicia Federal, porque, por razones procesales, allí fueron asignados por ley antes de 1994. Pero ahora tenemos que concretar una división amigable, que no sea interpretada como un desalojo", bromeó Luis María Cabral, representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
A Cabral le tocó referirse a la situación de algunas jurisdicciones, como Tucumán o Bahía Blanca, en que la Justicia Federal reclama mayor espacio y, por ende, que sean desocupadas las oficinas de las que hoy disponen fiscales y defensores. Estos, desde la reforma de 1994, en el orden nacional funcionan separadamente del Poder Judicial, y responden a los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa. "Pronto un plan de asignación presupuestaria permitirá que pueda concretarse la división", aseveró.
El vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal participó en Tucumán de la audiencia pública anual de información del órgano encargado de la selección de los jueces nacionales y federales. En la ocasión, abogó por una reforma estructural de la Escuela Judicial, que depende del Consejo, para que la capacitación de empleados, funcionarios y jueces sea un fin en sí mismo, y no un trampolín para acumular antecedentes o puntos pensando en ascensos o en futuros concursos.
-¿La Justicia parece vivir un momento muy convulsionado y hasta de deliberación interna?
-En este proceso, hay dos o tres elementos que deben ser tenidos en cuenta y que no pueden ser soslayados. El primero es el rol del Poder Judicial a partir de la crisis de 2001, fundamentalmente con la cuestión del corralito financiero. En Buenos Aires, había colas de siete cuadras que la gente hacía para interponer un amparo. Uno veía a las dos de la mañana las luces de los Juzgados encendidas y la Justicia, en eso, fue un factor de reconciliación. La sociedad había experimentado una ruptura con los jueces, como parte de una crisis de legitimidad general con todos los poderes, incluido el judicial. A partir de 2002 esto se modificó.
-¿Qué sucedió desde entonces?
-La idea de que los jueces tenemos que dar la cara ante la sociedad y que debemos dar cuenta de nuestros actos no sólo por las sentencias, que deben justificarse, explicarse y motivarse por sí mismas, sino que tenemos que decir por qué hacemos lo que hacemos. Esto, por cierto, nos somete a la crítica no sólo de las partes sino del público. Por eso, es interesante que interactuemos y, sobre todo, que escuchemos. Todos los espacios son útiles para que los jueces nos encontremos. En un país como la Argentina, donde conviven la Justicia Federal y las provinciales, los encuentros sirven para intercambiar experiencia, para reflexionar y para compartir con todos los actores del sistema jurídico: los abogados, los jueces y las partes, es decir, la gente a la que está dirigido nuestro servicio y que nos trae su conflicto para que nosotros lo resolvamos.
-¿Qué le parece que haya sido modificada la composición del Consejo y que el estamento político tenga mayor representación?
-Esto perjudicó enormemente a los jueces. Por eso lo criticamos tanto, más teniendo en cuenta que en otros Consejos de la Magistratura, como el italiano, la mitad de los integrantes son jueces.
-¿Esto afecta la tendencia a que la selección de los jueces sea más profesional que política?
-El modelo que tenemos es mixto, de designación política con selección técnica previa de postulantes por medio de un concurso. No es ni un modelo de selección técnica pura, ni de designación política pura. Esto, más allá de la composición del Consejo, no ha cambiado. Los concursos se siguen haciendo y siguen siendo objetivos. La prueba es mirar en las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo cuántos nombres de postulantes se repiten. Hay gente a la que le va bien en todos los concursos. Eso indica transparencia y que, a la larga, esa persona obtendrá lo que se merece.
Audiencias públicas
Cuando se acerca el fin de la entrevista con LA GACETA, Bunge Campos insiste con el mismo entusiasmo: "hay que mostrar qué se hace. Desde el punto de vista del contenido de las sentencias, la Justicia no está haciendo las cosas diferentes de lo que las hacía hace 40 años. Pero ahora se ve más, porque hace 40 años había un nivel de satisfacción más alto. Entonces, son importantes las audiencias públicas, la oralidad, la publicidad de los procesos. Tienen que ver con que la Justicia debe ser, no un espectáculo, pero sí una experiencia compartida con y por la sociedad. Esto achica distancias en la medida en que la gente le ve la cara al juez, ve cómo razona, cómo y qué exponen las partes. En definitiva, se ve claramente cómo se hace justicia".
La mudanza de los fiscales no debe ser traumática
"Con nuestros primos (fiscales y defensores) tenemos que dividir la sociedad patrimonial. Ellos están con todo derecho en los edificios de la Justicia Federal, porque, por razones procesales, allí fueron asignados por ley antes de 1994. Pero ahora tenemos que concretar una división amigable, que no sea interpretada como un desalojo", bromeó Luis María Cabral, representante de los jueces en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
A Cabral le tocó referirse a la situación de algunas jurisdicciones, como Tucumán o Bahía Blanca, en que la Justicia Federal reclama mayor espacio y, por ende, que sean desocupadas las oficinas de las que hoy disponen fiscales y defensores. Estos, desde la reforma de 1994, en el orden nacional funcionan separadamente del Poder Judicial, y responden a los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa. "Pronto un plan de asignación presupuestaria permitirá que pueda concretarse la división", aseveró.








