“No existe la judicialización de los problemas sociales. Nunca un juez ni un fiscal saldrá a cuestionar una protesta, porque no nos corresponde. Ahora, cuando producto de una medida de esa naturaleza se entra en el campo delictual o en una afectación de derechos, es diferente. Pero ningún miembro de la Justicia pretende accionar por sí”. Esto aseveró el camarista federal marplatense Jorge Ferro, quien estuvo en Tucumán hasta ayer. De este modo, rechazó los comentarios por las recientes citaciones a dirigentes rurales que cortaron rutas en Buenos Aires.
El magistrado consideró peligroso que se confundan conceptos, pero evaluó como mucho más grave la posibilidad de que las fuerzas de seguridad hayan recibido instrucciones de otros poderes del Estado (para que informen cuando tienen que cumplir medidas judiciales). Esto -advirtió- implicaría una pérdida de la indispensable independencia en el ejercicio de su cargo y los pondría al servicio del poder político, extremo que es inadmisible. “El Poder Judicial nunca se va a entrometer en los otros poderes. No estamos con los temas políticos, por más que compartamos o no ciertas decisiones en tanto ciudadanos. Nuestras respuestas son en cumplimiento de la ley”, remarcó.
Ferro participó de las reuniones de una veintena de camaristas con el Consejo de la Magistratura de la Nación, que concluyó con la redacción de un documento propio en el que evalúan positivamente los encuentros y las vías de acercamiento alcanzadas (ver “Camaristas ...”).
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación administre el presupuesto de ese poder del Estado, que hoy está en manos del Consejo. Remarcó que la transferencia de la facultad de decisión sobre el destino de los dineros será un paso crucial y esencial en la consolidación de su independencia respecto de los poderes políticos, teniendo en cuenta que representantes de estos también integran el Consejo.
“La Justicia debe ser totalmente independiente: lo es en lo intelectual, pero le falta serlo en lo económico. Nadie mejor que los jueces para saber dónde están sus necesidades. Debe haber una declaración permanente de nuestra independencia, que es el basamento de su accionar. Si no la tiene, si no es imparcial, no responde a las exigencias constitucionales. El problema no será del juez, sino de la ciudadanía, que quedará indefensa y sin nadie a quién recurrir. Se fractura el estado de derecho y se estará frente a cualquier régimen menos en una democracia. Apostamos al Gobierno de las leyes y no al de los hombres”, advirtió. Destacó que la Argentina vivió muchos años de una desprotección judicial tremenda, con actos políticos que comprometieron derechos esenciales de la población y, frente a ellos, la Justicia dio una respuesta.
Mayor acceso
“La gente está exigiendo -cada vez más- Justicia y un mayor acceso, pese a que no entienda todos los aspectos procesales ni conozca un expediente. Aun con la carencia de medios y de recursos humanos, estamos dando lo mejor de nosotros, aunque a la opinión pública o al poder político no les gusten algunas decisiones. Nos estamos comprometiendo más con la realidad social que nos circunda, convencidos de que el juez debe estar más cerca de ella, antes que estar encerrado en su despacho, dictando una sentencia”, sostuvo.
El vocal consideró que la legislación sobre la que fundan sus decisiones debe estar acompañada por el conocimiento acabado de lo que pasa, porque un Juzgado no puede ser una isla. Añadió que la nueva integración de la Corte les permitió a todos los jueces ganar confianza y credibilidad social, especialmente a partir de la jerarquía moral de los componentes del alto tribunal. “Cuando a la cabeza del Poder Judicial están estas personas se envía una señal hacia abajo de lo que debemos hacer con valentía a través de los fallos, jamás por una instrucción expresa”, recalcó.
El juez admitió que la Justicia tiene los mismos problemas en todo el país, pero aclaró que las soluciones son propias de cada región.
El magistrado consideró peligroso que se confundan conceptos, pero evaluó como mucho más grave la posibilidad de que las fuerzas de seguridad hayan recibido instrucciones de otros poderes del Estado (para que informen cuando tienen que cumplir medidas judiciales). Esto -advirtió- implicaría una pérdida de la indispensable independencia en el ejercicio de su cargo y los pondría al servicio del poder político, extremo que es inadmisible. “El Poder Judicial nunca se va a entrometer en los otros poderes. No estamos con los temas políticos, por más que compartamos o no ciertas decisiones en tanto ciudadanos. Nuestras respuestas son en cumplimiento de la ley”, remarcó.
Ferro participó de las reuniones de una veintena de camaristas con el Consejo de la Magistratura de la Nación, que concluyó con la redacción de un documento propio en el que evalúan positivamente los encuentros y las vías de acercamiento alcanzadas (ver “Camaristas ...”).
El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación administre el presupuesto de ese poder del Estado, que hoy está en manos del Consejo. Remarcó que la transferencia de la facultad de decisión sobre el destino de los dineros será un paso crucial y esencial en la consolidación de su independencia respecto de los poderes políticos, teniendo en cuenta que representantes de estos también integran el Consejo.
“La Justicia debe ser totalmente independiente: lo es en lo intelectual, pero le falta serlo en lo económico. Nadie mejor que los jueces para saber dónde están sus necesidades. Debe haber una declaración permanente de nuestra independencia, que es el basamento de su accionar. Si no la tiene, si no es imparcial, no responde a las exigencias constitucionales. El problema no será del juez, sino de la ciudadanía, que quedará indefensa y sin nadie a quién recurrir. Se fractura el estado de derecho y se estará frente a cualquier régimen menos en una democracia. Apostamos al Gobierno de las leyes y no al de los hombres”, advirtió. Destacó que la Argentina vivió muchos años de una desprotección judicial tremenda, con actos políticos que comprometieron derechos esenciales de la población y, frente a ellos, la Justicia dio una respuesta.
Mayor acceso
“La gente está exigiendo -cada vez más- Justicia y un mayor acceso, pese a que no entienda todos los aspectos procesales ni conozca un expediente. Aun con la carencia de medios y de recursos humanos, estamos dando lo mejor de nosotros, aunque a la opinión pública o al poder político no les gusten algunas decisiones. Nos estamos comprometiendo más con la realidad social que nos circunda, convencidos de que el juez debe estar más cerca de ella, antes que estar encerrado en su despacho, dictando una sentencia”, sostuvo.
El vocal consideró que la legislación sobre la que fundan sus decisiones debe estar acompañada por el conocimiento acabado de lo que pasa, porque un Juzgado no puede ser una isla. Añadió que la nueva integración de la Corte les permitió a todos los jueces ganar confianza y credibilidad social, especialmente a partir de la jerarquía moral de los componentes del alto tribunal. “Cuando a la cabeza del Poder Judicial están estas personas se envía una señal hacia abajo de lo que debemos hacer con valentía a través de los fallos, jamás por una instrucción expresa”, recalcó.
El juez admitió que la Justicia tiene los mismos problemas en todo el país, pero aclaró que las soluciones son propias de cada región.








