Interferencias en la gestión presidencial

Los gobiernos democráticos se organizan y tienen respaldo en sus partidos o coaliciones políticas, pero esa circunstancia frecuente no implica un condicionamiento por sus respectivas organizaciones, como se demuestra en los parlamentos pluralistas, pues gestionan para toda la sociedad. Nuestro país, por añadidura, tiene un régimen representativo proporcional en el que proliferan las minorías y se ajusta con mayor precisión al sistema federal, por más que no sea compartido por opiniones partidarias a favor de otro de mayoría y minoría.
   Durante décadas las gestiones gubernamentales transcurrieron con ambas modalidades pero rara vez no hubo dificultades. Toda esa experiencia, sin embargo, no produjo una clase dirigente suficientemente experimentada capaz de asentar la confianza pública en su gestión, a pesar de que la ciudadanía ha demostrado en el último cuarto de siglo una creciente firmeza en mantener el orden constitucional. Esta condición inédita desde la crisis de 1930, permitió conservar la estabilidad esencial durante la severa crisis que desmoronó  la Alianza derrocando al presidente y llevando al Congreso a un vertiginoso proceso de sucesiones hasta disponer de un gobierno elegido por el electorado.
   Fuertemente debilitado el poder presidencial por esos avatares, el mandatario electo por el más bajo porcentaje registrado en nuestra historia política, debió ocuparse desde sus primeros pasos por fortalecer su gestión en un sistema presidencialista, lo cual fue acompañado por una creciente adhesión que se manifestó oportunamente en las urnas legislativas.
   Pero ese poder personal no sirvió adecuadamente a la necesidad de una reforma política que renovase a los partidos y al régimen electoral, hasta el punto de que, planteada la sucesión presidencial, su propio partido se hallaba intervenido y sin funcionar, de tal forma que, en lugar de optar por su reelección, lo hizo por su esposa, nominándola personalmente como candidata. Ese modelo de continuidad, como fue definido desde el poder, implicó el compromiso de un cambio que aseguraba la institucionalidad afectada por una gestión que debió apelar a decisiones de emergencia, pero a seis meses del nuevo gobierno poco ha cambiado en ese orden.
   Desde la reorganización del Partido Justicialista sin elección interna bajo la titularidad del ex presidente se han producido situaciones muy significativas que han consolidado sin reservas la impresión de que, al menos, cogobierna con su esposa.
   En los recientes días, una serie de reuniones de Néstor Kirchner como titular del PJ, con gobernadores, legisladores y funcionarios gubernamentales, ha ratificado sin disimulos aquella extendida observación pública. Especialmente cuando, al término de esos largos encuentros, los voceros han  sido el vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, que se refirió a cuestiones de gobierno y posiciones oficiales en el conflicto rural, o el gobernador Jorge Capitanich, quien lo hizo sobre la relación con las provincias, amén de ser el lector de una severa declaración partidaria.
   Entre tanto, la presidenta Fernández de Kirchner no se refirió mayormente en sus frecuentes discursos al problema agrario y viajó a la conferencia romana de la FAO sobre la crisis alimentaria mundial. Todo ello configura un modelo de gestión gubernamental ostentosamente coparticipado que afecta a la investidura presidencial y deja a la presente crisis sin el interlocutor adecuado para un diálogo necesario que, a la vez, no cuenta con el Congreso, carente de facultades reales por causa de su mermada institucionalidad.