29 Diciembre 2002 Seguir en 
Los últimos 10 años no fueron buenos para las finanzas públicas tucumanas. La prueba es que entre 1992 y 2001 (ver infografía) en sólo dos ocasiones los resultados operativos fueron positivos (más recursos que gastos). A eso hay que sumarle la confección de presupuestos poco realistas, las dificultades para obtener información, la falta de transparencia en las cuentas públicas y los escasos resultados en el proceso de modernización del Estado. Estas son, en síntesis, algunas de las conclusiones del trabajo de la profesora de Economía de la Universidad Nacional de Tucumán Liliana Macián de Barbieri.
Los últimos tres gobierno, los de Ramón Ortega, Antonio Bussi y Julio Miranda, coincidieron en algo: la mala performance fiscal, que se tradujo en un casi permanente déficit. "Hubo crecimiento de gastos. Elevados stock de deuda pública, con altos niveles en su servicio. Baja participación de ingresos de recaudación propia para financiar las erogaciones. Menguada eficiencia en la recaudación tributaria. Y gasto en personal, que cubre una parte considerable de las erogaciones corrientes con una muy baja proporción para la inversión". Este es el diagnóstico de la docente en el estudio "Diez años de finanzas públicas de la provincia de Tucumán. Presupuesto, gastos y rendimientos 1992-2001" (se encuentra en Internet en la dirección: www.face.herrera.unt.edu.ar/inveco/miembros/Macián de Barbieri).
Macián de Barbieri también encontró poca capacidad de financiamiento excepto a través de la emisión de cuasimoneda (Bocade), y pobres y cada vez más deteriorados niveles de rendimientos en los servicios públicos, básicamente educación, salud, seguridad y justicia. "Todas estas situaciones contribuyeron a producir la severa crisis social, económica e institucional que atraviesa la provincia, en sintonía con la Argentina en general", manifestó.
Con las excepciones del 92 y del 93, el desequilibrio fiscal fue la regla del período. Llegó a superar en tres puntos porcentuales el producto provincial en 1995 y 2001 y generó la duplicación del coeficiente deuda/producto en los últimos años (respecto a los primeros de la serie).
Un círculo perverso
El permanente rojo fiscal generó el ya conocido círculo vicioso: déficit, endeudamiento, mayores intereses y mayor gasto. "Lo que el Estado provincial destina al pago de intereses de la deuda pública fue de un marcado crecimiento. La evolución revela que el Gobierno enfrentó los sucesivos vencimientos con refinanciamientos y nuevos créditos, ya que el mecanismo genuino y aconsejado del superávit en las cuentas públicas no se observa desde 1994. Ese año el gasto en intereses de la deuda pública alcanzó los $ 6,4 millones. En 2001 ascendió a $ 112,2 millones", explicó.
También se emitieron instrumentos de corto plazo para financiar el déficit. Esto demoró el pago a los empleados y proveedores, aumentó los préstamos bancarios privados con elevadas tasas y, finalmente, derivó en la emisión compulsiva de títulos públicos y bonos, usados como moneda (en 2001 los Bocade representaban más del 36% de la moneda circulante).
El año pasado, el total de las erogaciones superó los $ 1.100 millones, lo que implica un crecimiento del 66% respecto a 1992. "La sola magnitud del gasto no responde a la discusión de si es o no elevado. Hay que relacionarlo con otras variables como el comportamiento de la población y el producto provincial. De todo el análisis, el tamaño no resiste en su comparación con los recursos genuinos que dispuso la provincia para financiarlo", afirmó.
El gasto público pasó de representar el 18% y el 19% del Producto Bruto provincial en 1994 y 1995 a ser del 13% o del 14% en los últimos años, para elevarse nuevamente en 2001. "Hubo dos etapas. En la primera (hasta 1995), las erogaciones aumentaron con tendencia creciente. Luego de una disminución del 12% en 1996 respecto del año anterior, volvió a crecer con la sola excepción de 2000. Se advierte que los años de finalización de los gobierno (1995 y 1999) el gasto alcanza sus mayores valores. No obstante, desde 1995 es de $ 837 promedio por habitante. Esta cifra estaría por debajo del promedio del conjunto de las provincias", precisó.
En cuanto a la composición del gasto, hubo un marcado cambio entre 1991 y 2000. "En ese año el 44% del total del presupuesto se destinó a la administración gubernamental y a la deuda pública, y para salud, educación y seguridad se asignó el 45%. En 1991 estos rubros se llevaban un 33% y un 43%, respectivamente. Esto implica que el gasto en administración gubernamental aumentó once puntos porcentuales en los últimos años respecto a 1991/92", concluyó.
Más empleados que en 1983
Del total de erogaciones de la administración pública, el gasto en personal (comprende las remuneraciones brutas y los aportes sociales) es el más significativo en términos porcentuales. Si es o no elevado este gasto, depende de la calidad y cantidad de servicios que involucra. La provincia tiene a su cargo la totalidad de la educación de nivel no universitario, la mayor parte del servicio de salud pública, agua potable y saneamiento, justicia y seguridad. Además comparte con la Nación la electrificación rural, caminos y viviendas para personas de bajos recursos. "De la serie de empleados de la administración pública, en marzo de 2002 el Estado funcionaba con un 50% más de empleados que en 1983. En la década de 1990, los datos muestran incrementos continuos en la cantidad de personal", aseguró Liliana Macián de Barbieri en el trabajo.
Poca plata para infraestructura
La importancia del gasto en personal se hace evidente al compararlo respecto al total de las erogaciones provinciales, al producto total de la economía y a la cantidad de empleados en el sector (ver infografía). "El gasto en este rubro alcanzó porcentajes superiores al 60% del total de erogaciones provinciales al menos hasta 1996, para situarse en cifras inferiores y cercanas al 50% en los últimos dos años. Aunque la actividad estatal es mano de obra intensiva, estos guarismos muestran que se dejó poco margen para la inversión y el desarrollo de infraestructura", asegura Macián de Barbieri. "Mientras el gasto en personal respecto al producto provincial disminuyó (de más de 12 puntos a aproximadamente 9 puntos desde 1996), el costo promedio de un empleado público para la administración fue incrementádose", concluyó.
Falta seriedad en los presupuestos
En Tucumán, rara vez se elaboran a tiempo los proyectos de presupuesto. Año a año, según el estudio de la UNT, se aplica un coeficiente de ajuste (sistema incrementalista) tanto en gastos como en recursos. Pero, en los hechos, los recursos presupuestados resultan superiores a los recaudados y las erogaciones por encima de lo previsto. Por ello, se recomienda: 1) Dejar de repetir presupuestos que son adaptados a probables recursos que siempre resultan insuficientes. 2) Una prudente estimación de los recursos tributarios con los que se contará. 3) Una menor dependencia de los recursos nacionales. Para ello, urge una mejor recaudación tributaria provincial (abarcar a más contribuyentes, disminuyendo exenciones y no incrementando la presión). 4) Reestructurar el gasto de la administración pública en base a prioridades. 5) Olvidar por un tiempo el financiamiento de gastos con recursos del crédito, más los provenientes de la emisión de Bocade.
Los últimos tres gobierno, los de Ramón Ortega, Antonio Bussi y Julio Miranda, coincidieron en algo: la mala performance fiscal, que se tradujo en un casi permanente déficit. "Hubo crecimiento de gastos. Elevados stock de deuda pública, con altos niveles en su servicio. Baja participación de ingresos de recaudación propia para financiar las erogaciones. Menguada eficiencia en la recaudación tributaria. Y gasto en personal, que cubre una parte considerable de las erogaciones corrientes con una muy baja proporción para la inversión". Este es el diagnóstico de la docente en el estudio "Diez años de finanzas públicas de la provincia de Tucumán. Presupuesto, gastos y rendimientos 1992-2001" (se encuentra en Internet en la dirección: www.face.herrera.unt.edu.ar/inveco/miembros/Macián de Barbieri).
Macián de Barbieri también encontró poca capacidad de financiamiento excepto a través de la emisión de cuasimoneda (Bocade), y pobres y cada vez más deteriorados niveles de rendimientos en los servicios públicos, básicamente educación, salud, seguridad y justicia. "Todas estas situaciones contribuyeron a producir la severa crisis social, económica e institucional que atraviesa la provincia, en sintonía con la Argentina en general", manifestó.
Con las excepciones del 92 y del 93, el desequilibrio fiscal fue la regla del período. Llegó a superar en tres puntos porcentuales el producto provincial en 1995 y 2001 y generó la duplicación del coeficiente deuda/producto en los últimos años (respecto a los primeros de la serie).
Un círculo perverso
El permanente rojo fiscal generó el ya conocido círculo vicioso: déficit, endeudamiento, mayores intereses y mayor gasto. "Lo que el Estado provincial destina al pago de intereses de la deuda pública fue de un marcado crecimiento. La evolución revela que el Gobierno enfrentó los sucesivos vencimientos con refinanciamientos y nuevos créditos, ya que el mecanismo genuino y aconsejado del superávit en las cuentas públicas no se observa desde 1994. Ese año el gasto en intereses de la deuda pública alcanzó los $ 6,4 millones. En 2001 ascendió a $ 112,2 millones", explicó.
También se emitieron instrumentos de corto plazo para financiar el déficit. Esto demoró el pago a los empleados y proveedores, aumentó los préstamos bancarios privados con elevadas tasas y, finalmente, derivó en la emisión compulsiva de títulos públicos y bonos, usados como moneda (en 2001 los Bocade representaban más del 36% de la moneda circulante).
El año pasado, el total de las erogaciones superó los $ 1.100 millones, lo que implica un crecimiento del 66% respecto a 1992. "La sola magnitud del gasto no responde a la discusión de si es o no elevado. Hay que relacionarlo con otras variables como el comportamiento de la población y el producto provincial. De todo el análisis, el tamaño no resiste en su comparación con los recursos genuinos que dispuso la provincia para financiarlo", afirmó.
El gasto público pasó de representar el 18% y el 19% del Producto Bruto provincial en 1994 y 1995 a ser del 13% o del 14% en los últimos años, para elevarse nuevamente en 2001. "Hubo dos etapas. En la primera (hasta 1995), las erogaciones aumentaron con tendencia creciente. Luego de una disminución del 12% en 1996 respecto del año anterior, volvió a crecer con la sola excepción de 2000. Se advierte que los años de finalización de los gobierno (1995 y 1999) el gasto alcanza sus mayores valores. No obstante, desde 1995 es de $ 837 promedio por habitante. Esta cifra estaría por debajo del promedio del conjunto de las provincias", precisó.
En cuanto a la composición del gasto, hubo un marcado cambio entre 1991 y 2000. "En ese año el 44% del total del presupuesto se destinó a la administración gubernamental y a la deuda pública, y para salud, educación y seguridad se asignó el 45%. En 1991 estos rubros se llevaban un 33% y un 43%, respectivamente. Esto implica que el gasto en administración gubernamental aumentó once puntos porcentuales en los últimos años respecto a 1991/92", concluyó.
Del total de erogaciones de la administración pública, el gasto en personal (comprende las remuneraciones brutas y los aportes sociales) es el más significativo en términos porcentuales. Si es o no elevado este gasto, depende de la calidad y cantidad de servicios que involucra. La provincia tiene a su cargo la totalidad de la educación de nivel no universitario, la mayor parte del servicio de salud pública, agua potable y saneamiento, justicia y seguridad. Además comparte con la Nación la electrificación rural, caminos y viviendas para personas de bajos recursos. "De la serie de empleados de la administración pública, en marzo de 2002 el Estado funcionaba con un 50% más de empleados que en 1983. En la década de 1990, los datos muestran incrementos continuos en la cantidad de personal", aseguró Liliana Macián de Barbieri en el trabajo.
La importancia del gasto en personal se hace evidente al compararlo respecto al total de las erogaciones provinciales, al producto total de la economía y a la cantidad de empleados en el sector (ver infografía). "El gasto en este rubro alcanzó porcentajes superiores al 60% del total de erogaciones provinciales al menos hasta 1996, para situarse en cifras inferiores y cercanas al 50% en los últimos dos años. Aunque la actividad estatal es mano de obra intensiva, estos guarismos muestran que se dejó poco margen para la inversión y el desarrollo de infraestructura", asegura Macián de Barbieri. "Mientras el gasto en personal respecto al producto provincial disminuyó (de más de 12 puntos a aproximadamente 9 puntos desde 1996), el costo promedio de un empleado público para la administración fue incrementádose", concluyó.
En Tucumán, rara vez se elaboran a tiempo los proyectos de presupuesto. Año a año, según el estudio de la UNT, se aplica un coeficiente de ajuste (sistema incrementalista) tanto en gastos como en recursos. Pero, en los hechos, los recursos presupuestados resultan superiores a los recaudados y las erogaciones por encima de lo previsto. Por ello, se recomienda: 1) Dejar de repetir presupuestos que son adaptados a probables recursos que siempre resultan insuficientes. 2) Una prudente estimación de los recursos tributarios con los que se contará. 3) Una menor dependencia de los recursos nacionales. Para ello, urge una mejor recaudación tributaria provincial (abarcar a más contribuyentes, disminuyendo exenciones y no incrementando la presión). 4) Reestructurar el gasto de la administración pública en base a prioridades. 5) Olvidar por un tiempo el financiamiento de gastos con recursos del crédito, más los provenientes de la emisión de Bocade.
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