Lo primero que hay que definir es el criterio de clasificación que debe ser empleado

Un Digesto es una compilación de disposiciones jurídicas. Como toda compilación supone una clasificación, es decir, dar un orden a dicha agrupación de disposiciones normativas. Por cierto, sólo hace falta una compilación cuando se encuentra con una multiplicidad, dispersión y variedad normas que dificultan su acceso y conocimiento. En suma, es necesario:
1- un número voluminoso de disposiciones normativas
2- dificultad para acceder a su conocimiento
3- en consecuencia, inseguridad en su aplicación práctica.
El objetivo es que el operador de la norma (juez, administrador o particular) pueda acceder al conocimiento del régimen jurídico aplicable al caso.
Pero toda compilación supone definir, previamente, el criterio de clasificación a emplear. Aquí nos encontramos con dos principios ordenadores del sistema jurídico: norma superior derogat inferiori y norma posterior derogat anteriori. Un Digesto debe, por tanto, ordenar la normativa jurídica respetando la composición jerárquica de las fuentes de derecho dada por la Constitución, y dentro de cada nivel conforme al principio temporal de derogación de la norma anterior por una posterior.
Esto no es una tarea fácil porque cada rama jurídica, por su parte, cuenta con sus propios principios ordenadores. Por ejemplo, en derecho ambiental, además de las disposiciones constitucionales nacionales y provinciales, confluye una ley nacional de presupuestos mínimos junto a otra provincial, y luego se dispersa en materias especiales (agua, aire, suelo, etc.), cada una con normativa propia.
El compilador debe cumplir inevitablemente una función interpretativa, sobre todo cuando hay leyes que se autodefinen "de orden público", o establecen delegaciones sucesivas o cláusulas ambiguas como "derogase toda disposición lo que se oponga a la presente".
El orden jurídico contemporáneo ha adquirido tal grado de complejidad (hay temas donde confluyen normas municipales, provinciales, nacionales, e internacionales) que el operador debe ser un experto no sólo en la temática jurídica específica sino, además, estar entrenado en el sistema de fuentes del derecho para escudriñar y determinar el régimen jurídico aplicable al caso. En la actualidad, suponer que un operador jurídico (abogado, juez, profesor) conoce la totalidad del ordenamiento jurídico es una pretensión exagerada. En realidad, actualmente, es más importante que sepa bucear la normativa relativa al objeto estudiado y tenga un sólido manejo del sistema de fuentes de derecho.
Por eso un trabajo de compilación ordenado de la normativa vigente constituye un aporte muy necesario no sólo para el conocimiento de las normas existentes sino, sobre todo, para hacer posible su ejecución y cumplimiento y, eventualmente, su reforma y actualización.