Compilarán en un digesto las 8.000 leyes vigentes
En la sesión del jueves, la Cámara autorizará al vicegobernador Manzur para que designe a los legisladores que trabajarán en el proyecto. La creación de este cuerpo fue aprobada en 2005, pero se trabó por cuestiones políticas. Sancionaron más de 100 leyes en seis meses.
Por Redacción Política
04 Mayo 2008
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La Legislatura provincial comenzará a saldar una vieja deuda. Este jueves, dispondrá la creación efectiva de una comisión especial encargada de elaborar un Digesto Jurídico con las normas vigentes en Tucumán, que permitirá conocer cuántas leyes y decretos tienen aplicación real y cuáles fueron dejadas de lado por otras disposiciones o por la mera costumbre ciudadana (desuetudo).
El Digesto es compendio ordenado y sistematizado de las normas de aplicación obligatoria en un determinado territorio y es considerado una herramienta vital para garantizar la seguridad jurídica. El disponer de un único texto donde se reúna toda la legislación (incluyendo los decretos reglamentarios) facilita el acceso a la información de los ciudadanos y simplifica el conocimiento de los derechos y las obligaciones existentes.
La necesidad de disponer este ordenamiento crece a medida en que aumenta el nivel de producción parlamentario y se complejiza el tratamiento de los asuntos públicos, con la sanción de normas que derogan otras (total o parcialmente), las modifican o los reglamentan (independientemente de los decretos del Poder Ejecutivo). Además, la limpieza normativa permitirá dejar como una mera referencia histórica a aquellas que perdieron ya su razón de ser (la situación social que las motivó fue superada, como puede ser una emergencia focal determinada, o se agotó el objetivo de la disposición, como la adquisición de un bien o la entrega de subsidios).
Las cifras del incremento de la actividad legislativa son elocuentes y hablan de la oportunidad de abordar este estudio. La última ley promulgada por el Poder Ejecutivo es la Nº 8.053, por la cual se fijan nuevos límites al municipio de Burruyacu. En seis meses de labor, la actual conformación sancionó más de 100 normas, ya que los viejos legisladores dejaron sus bancas luego de la aprobación de la Ley Nº 7.950, referida a una expropiación en Bella Vista, con lo que completaron la puesta en vigencia de 774 normas de cumplimiento obligatorio en sus cuatro años de mandato. Un récord que, de seguir el ritmo actual, será batido pronto.
Cantidad y calidad
Con el documento, todos los ciudadanos podrán conocer cuántas y cuáles son las normas vigentes, cantidad y calidad que hoy se desconoce. Así, se apuntará a derrotar en dos frentes las cuestiones conocidas como la inflación legislativa (existencia de un gran número de normas en la teoría), la contaminación (ocurre cuando una misma materia es tratada por distintas leyes, algunas de ellas contradictorias o con referencias cruzadas y confusas) y la dispersión (dificultad creciente para reunir la información legal indispensable para tomar una decisión).
El Digesto deberá contener todas las leyes provinciales generales vigentes, con su respectiva reglamentación (tarea habitualmente a cargo del PE) y anexos con las leyes provinciales no generales, con el derecho histórico provincial no vigente (normas en desuso) y con las disposiciones de organismos de integración regional. Deberá ser ordenado por materias, para facilitar el conocimiento y la accesibilidad de todos los interesados, y la comisión unificará en un solo texto todas las normas que hablen del mismo asunto. Tendrá soporte en papel y digital, para su más fácil distribución en oficinas públicas, tribunales, escuelas, instituciones, bibliotecas y otras dependencias, y su reproducción por internet. Asimismo, permitirá implementar buscadores por palabras, número de ley o algún otro indicador.
La integración de la comisión está demorada desde diciembre de 2005, cuando la conformación parlamentaria de ese momento, presidida por el entonces vicegobernador Fernando Juri, dispuso mediante la ley 7.692, la elaboración del Digesto a cargo de un grupo especial de entre 10 y 20 abogados expertos en esa tarea, que debían ser designados por la Cámara. Sin embargo, por cuestiones políticas, el cuerpo nunca se formó.
Ahora se facultará al presidente natural de la Cámara, Juan Manzur, a que elija a sus miembros, aunque con una diferencia crucial: en vez de ser letrados de fuera de la Legislatura, serán los propios legisladores quienes deberán cumplir la misión (se elegirá a quienes sean letrados), con la colaboración del personal parlamentario, que ya viene trabajando en este asunto. De esta forma, el Estado se ahorrará importantes honorarios, pero no habrá especialistas afectados a la tarea. También se determinará un plazo fijo para la entrega del trabajo, que será a fines de noviembre, ya que la idea de Manzur es que el Digesto sea aprobado en este año.
Todavía está en debate la cantidad de legisladores que serán afectados a esta labor. Inicialmente se pensó en que la comisión tenga cinco miembros, pero luego ingresó un proyecto de resolución firmado por justicialistas para que sea de siete integrantes. Menos definición hay en cuanto a los nombres de quiénes serán los elegidos por Manzur, aunque se descarta que si se acepta la presencia de algún opositor, será sólo en un lugar. Ese espacio, además, estaría reservado a algún miembro de Fuerza Republicana (Luis José o Ricardo Bussi, ambos abogados), ya que el otro letrado enrolado en la oposición, Esteban Jerez (bloque Juan Bautista Alberdi), no cuenta con ninguna clase de respaldo del bloque oficialista Tucumán Crece.
El radical José Manuel Cano es odontólogo y el laborista Osvaldo Cirnigliaro, contador público nacional.
La técnica que se empleará en Tucumán difiere de la decidida por la Nación, que licitó la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. La convocatoria la ganó la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (ver "Seis años...").
Un antecedente del año 530
En el año 530 (d.C.), el emperador bizantino Justiniano I ordenó la compilación y codificación de las obras de los jurisconsultos romanos. El documento final es conocido como "Digesta sive Pandecta iuris", y su elaboración fue asignada a un equipo conducido por Triboniano. La palabra latina Digesta nace de Digerere, que significa distribuir u ordenar.
Seis años de análisis
En mayo de 1998, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.967, por la cual dispuso la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. La Facultad de Derecho de la UBA ganó la licitación para realizar la compilación y a fines de mayo de 2005, tras seis años de estudio, el trabajo fue entregado al Ministerio de Justicia de la Nación, donde todavía está siendo analizado.
El Digesto es compendio ordenado y sistematizado de las normas de aplicación obligatoria en un determinado territorio y es considerado una herramienta vital para garantizar la seguridad jurídica. El disponer de un único texto donde se reúna toda la legislación (incluyendo los decretos reglamentarios) facilita el acceso a la información de los ciudadanos y simplifica el conocimiento de los derechos y las obligaciones existentes.
La necesidad de disponer este ordenamiento crece a medida en que aumenta el nivel de producción parlamentario y se complejiza el tratamiento de los asuntos públicos, con la sanción de normas que derogan otras (total o parcialmente), las modifican o los reglamentan (independientemente de los decretos del Poder Ejecutivo). Además, la limpieza normativa permitirá dejar como una mera referencia histórica a aquellas que perdieron ya su razón de ser (la situación social que las motivó fue superada, como puede ser una emergencia focal determinada, o se agotó el objetivo de la disposición, como la adquisición de un bien o la entrega de subsidios).
Las cifras del incremento de la actividad legislativa son elocuentes y hablan de la oportunidad de abordar este estudio. La última ley promulgada por el Poder Ejecutivo es la Nº 8.053, por la cual se fijan nuevos límites al municipio de Burruyacu. En seis meses de labor, la actual conformación sancionó más de 100 normas, ya que los viejos legisladores dejaron sus bancas luego de la aprobación de la Ley Nº 7.950, referida a una expropiación en Bella Vista, con lo que completaron la puesta en vigencia de 774 normas de cumplimiento obligatorio en sus cuatro años de mandato. Un récord que, de seguir el ritmo actual, será batido pronto.
Cantidad y calidad
Con el documento, todos los ciudadanos podrán conocer cuántas y cuáles son las normas vigentes, cantidad y calidad que hoy se desconoce. Así, se apuntará a derrotar en dos frentes las cuestiones conocidas como la inflación legislativa (existencia de un gran número de normas en la teoría), la contaminación (ocurre cuando una misma materia es tratada por distintas leyes, algunas de ellas contradictorias o con referencias cruzadas y confusas) y la dispersión (dificultad creciente para reunir la información legal indispensable para tomar una decisión).
El Digesto deberá contener todas las leyes provinciales generales vigentes, con su respectiva reglamentación (tarea habitualmente a cargo del PE) y anexos con las leyes provinciales no generales, con el derecho histórico provincial no vigente (normas en desuso) y con las disposiciones de organismos de integración regional. Deberá ser ordenado por materias, para facilitar el conocimiento y la accesibilidad de todos los interesados, y la comisión unificará en un solo texto todas las normas que hablen del mismo asunto. Tendrá soporte en papel y digital, para su más fácil distribución en oficinas públicas, tribunales, escuelas, instituciones, bibliotecas y otras dependencias, y su reproducción por internet. Asimismo, permitirá implementar buscadores por palabras, número de ley o algún otro indicador.
La integración de la comisión está demorada desde diciembre de 2005, cuando la conformación parlamentaria de ese momento, presidida por el entonces vicegobernador Fernando Juri, dispuso mediante la ley 7.692, la elaboración del Digesto a cargo de un grupo especial de entre 10 y 20 abogados expertos en esa tarea, que debían ser designados por la Cámara. Sin embargo, por cuestiones políticas, el cuerpo nunca se formó.
Ahora se facultará al presidente natural de la Cámara, Juan Manzur, a que elija a sus miembros, aunque con una diferencia crucial: en vez de ser letrados de fuera de la Legislatura, serán los propios legisladores quienes deberán cumplir la misión (se elegirá a quienes sean letrados), con la colaboración del personal parlamentario, que ya viene trabajando en este asunto. De esta forma, el Estado se ahorrará importantes honorarios, pero no habrá especialistas afectados a la tarea. También se determinará un plazo fijo para la entrega del trabajo, que será a fines de noviembre, ya que la idea de Manzur es que el Digesto sea aprobado en este año.
Todavía está en debate la cantidad de legisladores que serán afectados a esta labor. Inicialmente se pensó en que la comisión tenga cinco miembros, pero luego ingresó un proyecto de resolución firmado por justicialistas para que sea de siete integrantes. Menos definición hay en cuanto a los nombres de quiénes serán los elegidos por Manzur, aunque se descarta que si se acepta la presencia de algún opositor, será sólo en un lugar. Ese espacio, además, estaría reservado a algún miembro de Fuerza Republicana (Luis José o Ricardo Bussi, ambos abogados), ya que el otro letrado enrolado en la oposición, Esteban Jerez (bloque Juan Bautista Alberdi), no cuenta con ninguna clase de respaldo del bloque oficialista Tucumán Crece.
El radical José Manuel Cano es odontólogo y el laborista Osvaldo Cirnigliaro, contador público nacional.
La técnica que se empleará en Tucumán difiere de la decidida por la Nación, que licitó la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. La convocatoria la ganó la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (ver "Seis años...").
Un antecedente del año 530
En el año 530 (d.C.), el emperador bizantino Justiniano I ordenó la compilación y codificación de las obras de los jurisconsultos romanos. El documento final es conocido como "Digesta sive Pandecta iuris", y su elaboración fue asignada a un equipo conducido por Triboniano. La palabra latina Digesta nace de Digerere, que significa distribuir u ordenar.
Seis años de análisis
En mayo de 1998, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 24.967, por la cual dispuso la elaboración del Digesto Jurídico Argentino. La Facultad de Derecho de la UBA ganó la licitación para realizar la compilación y a fines de mayo de 2005, tras seis años de estudio, el trabajo fue entregado al Ministerio de Justicia de la Nación, donde todavía está siendo analizado.
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