Las provincias tienen una amplia participación en el gasto público general de la Argentina. Sin embargo, cada vez reciben menos fondos de la gran torta coparticipable. Sostener, en armonía, la relación fiscal entre la Nación y las provincias será uno de los principales desafíos que tendrá el nuevo ministro de Economía, Carlos Fernández. Y del tema sabe bastante: durante un lustro se encargó de analizar puntillosamente el comportamiento de las cuentas públicas de cada una de las 24 jurisdicciones del país.
El punto de partida parece no ser muy alentador para el flamante conductor del Palacio de Hacienda. Si bien, la Casa Rosada comenzó a distribuir los $ 6.000 millones para que las provincias más endeudadas (entre ellas Tucumán) paguen los compromisos de este año con sus acreedores, durante el primer trimestre del año se registró una contracción en las transferencias discrecionales de recursos.
Entre enero y marzo pasado, las transferencias para obras públicas y asistencia social alcanzaron los $ 3.208 millones, unos $ 11 millones menos que en igual período del año pasado. “Esto enciende una luz amarilla al momento de evaluar cuáles son y serán las variables para las cuales el Estado nacional utilizaría para ajustar el gasto”, plantea Rogelio Frigerio, economista y director de la consultora Economía & Regiones en una charla con LA GACETA. Ese simple dato infiere de que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió sentarse sobre la caja y evitar gastos adicionales para el resto del año. Esa es la primera regla para la política fiscal que deberá respetar el nuevo ministro. Sin embargo, como una manera de sostener los precios, el Gobierno otorgó $ 9.173 millones (tres veces más que lo aportado a las provincias) como subsidios para el sector privado, con un crecimiento interanual del 53,6%.
En ese aspecto, Frigerio, un conocedor del área del Ministerio de Economía donde Carlos Fernández forjó su perfil técnico, señala que para sostener el modelo económico del país, el nuevo ministro tendrá la misión de fortalecer los dos pilares de ese modelo: el tipo de cambio competitivo y el superávit fiscal. “Hoy por hoy, la única manera de sostener el tipo de cambio competitivo es controlando la inflación”, plantea el director de Economía & Regiones.
Los impuestos distorsivos
¿Cuáles pueden ser los caminos para mantener al país en crecimiento con disciplina fiscal?
Según los especialistas, más del 100% del superávit total, que en el primer trimestre del año alcanzó los $ 8.844 millones, se sustenta en dos impuestos considerados distorsivos: el impuesto al Cheque y los derechos de exportación o retenciones. Sin embargo, en el resultado financiero favorable tuvo mayor peso el incremento de la presión impositiva (a través de las retenciones) que una contracción fuerte del gasto público.
Las provincias observan, cada vez más, que no son parte de esa gran torta de recaudación y que no obtienen beneficios fiscales del modelo sostenido por la Casa Rosada. En ese contexto, Frigerio recuerda que las provincias son responsables de más del 50% del gasto consolidado primario del país, pero su participación en la torta de recursos es tan sólo del 30%. “La diferencia de 20 puntos entre los que estaban obligadas a gastar y lo que reciben de la torta de recaudación hacen, a nuestro juicio, que las provincias estén condenadas al déficit fiscal si no se altera este sistema”, indica Frigerio.
Algunas alternativas
Para mejorar la relación fiscal entre la Nación y las provincias hay varias alternativas que están al alcance del nuevo conductor del Palacio de Hacienda. Sin embargo, estas medidas dependerán de una decisión política, porque algunas provincias pueden sobrevivir en el esquema actual, porque tienen una verdadera disciplina fiscal, mientras que otras no podrán sostener el equilibrio en las cuentas, por estar disciplinadas políticamente al otorgamiento de ayudas financieras por parte del Gobierno nacional. “No están dadas las condiciones para discutir un nuevo esquema fiscal federal. Creo que se ha perdido una oportunidad en los mejores años del modelo, cuando se crecía a tasas muy elevadas pero sin inflación”, afirma Frigerio.
Sin embargo, existen aún posibilidades de replantear una redistribución del impuesto al Cheque, hasta tanto la Nación decida derogarlo o sustituir por otro tributo coparticipable. Un viejo reclamo de las provincias (incluyendo Tucumán) es una refinanciación a más largo plazo de la deuda pública. En este aspecto, la gran mayoría de los distritos tienen como principal acreedor al Gobierno nacional, con compromisos que superan al 70% del total adeudado.
Finalmente, algo que desvela a los gobernadores es la coparticipación de las retenciones. “No estoy de acuerdo con esa idea, porque sería cristalizar un impuesto que claramente perjudica y discrimina a un sector particular de la producción”, apunta Frigerio. No obstante, mientras la Casa Rosada consolida su situación fiscal sobre la base de los derechos a las exportaciones, las provincias perciben que otros impuestos que sí son coparticipables, como Ganancias, disminuyen su recaudación a causa de la vigencia de las retenciones. Según los cálculos de Economía & Regiones, las provincias pierden $ 11.000 millones, un monto que representa hasta tres veces el total de endeudamiento de Tucumán o dos veces el presupuesto de este año.
Sabiendo de esta situación, Carlos Fernández ya tomó contacto con gran parte de los gobernadores y de los ministros provinciales para mantener una relación fiscal abierta, pero limitada a las decisiones políticas del matrimonio Kirchner.