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Una mujer fue condenada a un año de prisión de ejecución condicional por haber estafado a jubilados prometiéndoles aumentos en la pensión que recibían de la Anses. Mediante engaños, la imputada obtuvo los datos personales de los damnificados, les sacó fotografías y creó cuentas bancarias para solicitar préstamos a su nombre desde las aplicaciones de Homebanking.
El caso fue analizado por la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I que dirige Diego López Ávila. A raíz de la pesquisa los investigadores imputaron por el delito de estafa informática reiterada a P.A.A (su identidad se mantiene en reserva por una resolución judicial), una mujer de 35 años y licenciada en Nutrición, que estafó a al menos tres jubilados que viven en Alderetes y a quienes conocía por ser vecinos o por tener allegados en común.
Según explicó la auxiliar de fiscal Carolina Brito, P.A.A., empleó como modus operandi cuatro pasos similares en todos los hechos. Primero se presentó en los domicilios de las víctimas y, aprovechándose de la confianza por ser una persona conocida, les hizo falsas promesas de conseguirles un aumento en Anses argumentando que habían sido seleccionados por ser “buenas familias” o por ser jubilados.
Posteriormente, bajo el pretexto de gestionar el supuesto aumento, les solicitó y tomó fotografías de sus rostros y DNI. En algunos casos llegó a insistir en varias ocasiones para obtener las fotos, alegando que las anteriores salían con mala calidad.
Después de obtener los datos biométricos y personales de las víctimas, “de manera oculta y sin su consentimiento”, creó cuentas digitales en el Banco Galicia y les quitó el ingreso al Home Banking a las cuentas ya existentes. Una vez que tuvo acceso a las cuentas o había creado las nuevas, solicitó préstamos a nombre de las víctimas. Posteriormente, realizó extracciones de dinero en cajeros automáticos y transferencias de parte de esos fondos a sus propias cuentas bancarias, generando un perjuicio económico mayor a $7 millones.
Las estafas comenzaron en octubre de 2024, pero los damnificados se enteraron de lo sucedido recién en 2025. Sus primeras víctimas fueron Antonia y Pedro, un matrimonio de 64 y 67 años que conocían a P.A.A por ser allegada de su familia. Luego de obtener los datos de ambos, la mujer creó cuentas digitales del Banco Galicia y sacó dos préstamos. El primero fue por el monto de $1.165.000 a nombre de Antonia. El segundo estuvo a nombre de Pedro, valuado a $2.394.300.
La pareja se enteró de lo sucedido en julio de este año cuando Antonia se acercó a una entidad financiera para solicitar una tarjeta de crédito. Al revisar sus datos le informaron que no sería posible continuar con el trámite porque tenía una deuda bancaria. De forma inmediata la mujer se acercó al banco, donde le dijeron que había sacado un préstamo virtual y sólo había abonado la primera cuota. La damnificada le avisó a su esposo lo sucedido y descubrieron que se encontraba en la misma situación, sumando los dos una deuda de $3.559.300.
El segundo caso ocurrió en noviembre de 2024. P.A.A, se presentó en la casa de Conrado, un jubilado de 70 años que era amigo de su padre. Después de acceder a sus datos biométricos ingresó a su cuenta bancaria, validó la identidad y cambió la contraseña del Home Banking. Primero solicitó un préstamo de $3.796.200, luego hizo tres extracciones de $100.000, $560.000 y $440.000 y realizó varias transferencias bancarias de $1.315.786 en total.
El hombre se percató que algo no andaba bien cuando su hija intentó ingresar a su cuenta de Home Banking y no lograba acceder. Rápidamente se dieron cuenta que había sido engañado por la imputada y realizaron la denuncia en la comisaría de Alderetes.
Pericias electrónicas
Por pedido del fiscal López Ávila se realizaron múltiples pericias electrónicas de las cuentas bancarias, conversaciones entre la acusada y las víctimas y se solicitaron informes al banco y reportes con el historial y riesgo crediticio de los involucrados. De esta forma lograron acreditar que P.A.A era la responsable de la estafa.
Tras enumerar las evidencias, la auxiliar Brito presentó ante el juez Guillermo Taylor un convenio de juicio abreviado al que arribó el MPF junto con la imputada y su defensora oficial, Josefina Talamazzi. El acuerdo consistía en una pena de un año de prisión de ejecución condicional y el cumplimiento de reglas de conducta por el mismo plazo.
Los damnificados estuvieron presentes durante la audiencia, en la cual advirtieron que serían más los jubilados estafados y también aprovecharon para manifestar su disconformidad con la condena, argumentando que les parece poco tiempo de pena y que tuvieron un gran perjuicio económico que la acusada no compensó. “Somos personas grandes y esta mujer nos hizo pasar por momentos muy difíciles. Mi señora tiene que tomar 10 medicamentos y hay cinco que no puede pagar por culpa de esta chica. Nosotros depositamos nuestra confianza en ella y nos dejó muy mal económicamente porque nos sacó plata y tuvimos que pagar un abogado”, dijo Pedro. “Un año es muy poco. Ella es joven y cuando cumpla la condena va a seguir molestando a los jubilados”, agregó.
Tras analizar el caso, y luego de que P.A.A reconociera su culpabilidad, el magistrado Taylor resolvió homologar el abreviado y les explicó a las víctimas que la pena ofrecida por el MPF era acorde a la establecida en el Código Penal . También les indicó que pueden recurrir a la Justicia Civil para solicitar una reparación económica por los daños.
