02 Abril 2008 Seguir en 
La comunidad global estableció al fin de la guerra fría una intercomunicación desconocida hasta entonces sobre las capacidades y las situaciones de sus miembros, mediante informes de la realidad social, política y económica, a través de encuestas y análisis que les asignan grados de confianza. Periódicamente esas cartas de situación configuran virtuales certificados sobre la realidad, que alientan o no compromisos e inversiones fundamentalmente externas y de diferente naturaleza.
Desde la crisis del milenio, nuestro país ha debido soportar con ligeras variantes bajas calificaciones que, a pesar de su recuperación económica y social, no le atribuyen el suficiente grado de confianza para más allá del mediano plazo. El más reciente estudio ha sido el Indice de Respeto a los Derechos de Propiedad, que mide la relación de ese derecho privado y el bienestar económico, y coloca a la Argentina en el puesto 81 entre las 115 naciones analizadas. El informe señala que si bien nuestro país ha mejorado levemente su nota del año anterior, ha caído de lugar por la incorporación de nuevos países.
La alianza de derechos de propiedad está integrada por 41 organizaciones de asociaciones de todo el mundo, incluida la argentina Centro de Investigaciones y Mercados.
Durante el lustro crítico los argentinos fueron víctimas de la confiscación de sus depósitos y por ello actualmente gastan en lugar de ahorrar e invertir, pues sienten que no hay seguridad jurídica sobre el derecho de propiedad, y una baja calificación en ese índice afecta al crecimiento, alentando la corrupción.
Un testimonio concreto es el producto bruto interno per cápita, que entre nosotros es de U$S 5.309, mientras que en los países del Primer Mundo es de U$S 35.600, donde sus habitantes gozan de un elevado nivel de vida y bienestar. Se trata en todos los casos de democracias con economías libres por encima de 8 de los 10 puntos, en tanto en Argentina es de 5,8, el de protección de la propiedad física y el de la intelectual de 4 puntos sobre 10, mientras es peor el de la Justicia, que obtiene 3,6 puntos sobre 10. El informe 2008 concierne a tres áreas: marco político y jurídico, sobre confianza en los tribunales, y estabilidad política y corrupción. Este último rubro cae al puesto 100 en la calificación general, pues evidentemente es el más perturbador de la confianza interna y externa. Superada por Chile (25) en Latinoamérica, Argentina queda por encima de Venezuela (112).
Tras ese informe subyace un notorio grado de desinstitucionalización que se advierte en una grave carencia de control republicano entre poderes, especialmente cuando concierne al Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. El referendo tácito de la mayoría parlamentaria, cuando no la delegación masiva de facultades invocando emergencias que no cesan y que han permitido el abuso confiscatorio en el orden tributario, generador de la crisis histórica del campo, configuran los repetidos informes sobre nuestra postergación en la realidad global. Tarea inmensa en el tiempo será salir de esa realidad que, aun cuestionándose políticamente la exactitud de sus datos, los diferentes sectores sociales la padecen y sienten en manifestaciones diversas de nuestra vida pública, disfrazada por índices estadísticos que tratan vanamente de ocultarlas y fuerzan la retracción de la actividad privada a colaborar sin ocultamientos ni reticencias con los poderes públicos.
Desde la crisis del milenio, nuestro país ha debido soportar con ligeras variantes bajas calificaciones que, a pesar de su recuperación económica y social, no le atribuyen el suficiente grado de confianza para más allá del mediano plazo. El más reciente estudio ha sido el Indice de Respeto a los Derechos de Propiedad, que mide la relación de ese derecho privado y el bienestar económico, y coloca a la Argentina en el puesto 81 entre las 115 naciones analizadas. El informe señala que si bien nuestro país ha mejorado levemente su nota del año anterior, ha caído de lugar por la incorporación de nuevos países.
La alianza de derechos de propiedad está integrada por 41 organizaciones de asociaciones de todo el mundo, incluida la argentina Centro de Investigaciones y Mercados.
Durante el lustro crítico los argentinos fueron víctimas de la confiscación de sus depósitos y por ello actualmente gastan en lugar de ahorrar e invertir, pues sienten que no hay seguridad jurídica sobre el derecho de propiedad, y una baja calificación en ese índice afecta al crecimiento, alentando la corrupción.
Un testimonio concreto es el producto bruto interno per cápita, que entre nosotros es de U$S 5.309, mientras que en los países del Primer Mundo es de U$S 35.600, donde sus habitantes gozan de un elevado nivel de vida y bienestar. Se trata en todos los casos de democracias con economías libres por encima de 8 de los 10 puntos, en tanto en Argentina es de 5,8, el de protección de la propiedad física y el de la intelectual de 4 puntos sobre 10, mientras es peor el de la Justicia, que obtiene 3,6 puntos sobre 10. El informe 2008 concierne a tres áreas: marco político y jurídico, sobre confianza en los tribunales, y estabilidad política y corrupción. Este último rubro cae al puesto 100 en la calificación general, pues evidentemente es el más perturbador de la confianza interna y externa. Superada por Chile (25) en Latinoamérica, Argentina queda por encima de Venezuela (112).
Tras ese informe subyace un notorio grado de desinstitucionalización que se advierte en una grave carencia de control republicano entre poderes, especialmente cuando concierne al Poder Legislativo sobre el Ejecutivo. El referendo tácito de la mayoría parlamentaria, cuando no la delegación masiva de facultades invocando emergencias que no cesan y que han permitido el abuso confiscatorio en el orden tributario, generador de la crisis histórica del campo, configuran los repetidos informes sobre nuestra postergación en la realidad global. Tarea inmensa en el tiempo será salir de esa realidad que, aun cuestionándose políticamente la exactitud de sus datos, los diferentes sectores sociales la padecen y sienten en manifestaciones diversas de nuestra vida pública, disfrazada por índices estadísticos que tratan vanamente de ocultarlas y fuerzan la retracción de la actividad privada a colaborar sin ocultamientos ni reticencias con los poderes públicos.







