30 Marzo 2008 Seguir en 
No pueden ocultar su malestar. Pablo Rivera y Ariel Lezcano, los defensores de L., la única detenida por la muerte de Carla Romina Ortega, adelantaron que apelarán la resolución de la jueza de Menores Nora Wexler con la que impidió que la adolescente recupere su libertad.
"Esperaremos conocer la resolución. La estudiaremos y haremos todos los planteos que sean necesarios. Entendemos que aquí se están cometiendo atrocidades con una menor de edad", aseguraron los profesionales.
El viernes, los defensores de la menor, confiaban en que L. recuperaría la libertad o, al menos, se le permitiría salir del establecimiento durante el día y retornar de noche. Sin embargo, no se concretó ninguna de estas dos posibilidades.
Rivera y Lezcano se quejaron porque L. mantuvo una reunión con Wexler y ellos estaban ausentes. "Ella quedó muy mal por todo lo que ocurrió. Se sintió presionada, sin contar el duro golpe que recibió al informarle que no puede salir del Goretti, lugar donde se encuentra internada desde hace casi ocho meses, violando normas elementales", expresaron.
Los profesionales también cuestionaron la falta de garantías cuando fue llevada a Tribunales. "Los integrantes de la familia Ortega la insultaron, amenazaron y hasta la escupieron. Entendemos su dolor, pero no podemos creer que desde la Justicia no se haga nada para protegerla. El padre y la hermana de nuestra defendida también fueron amenazados. Pareciera que están buscando un enfrentamiento entre las familias", expresaron.
Rivera y Lezcano, además de apelar la resolución, informaron que solicitarán que se recuse a Daniel Clemente, secretario de la jueza Wexler y denunciarán todo lo ocurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia y al Colegio de Abogados.
La familia Ortega, en cambio, se mostró satisfecha con la decisión que tomó Wexler. Durante esta semana, según confirmó un allegado, esperarán los pasos que de la Justicia para analizar si seguirán protestando. No descartan mantener reuniones con funcionarios del Gobierno nacional.
"Esperaremos conocer la resolución. La estudiaremos y haremos todos los planteos que sean necesarios. Entendemos que aquí se están cometiendo atrocidades con una menor de edad", aseguraron los profesionales.
El viernes, los defensores de la menor, confiaban en que L. recuperaría la libertad o, al menos, se le permitiría salir del establecimiento durante el día y retornar de noche. Sin embargo, no se concretó ninguna de estas dos posibilidades.
Rivera y Lezcano se quejaron porque L. mantuvo una reunión con Wexler y ellos estaban ausentes. "Ella quedó muy mal por todo lo que ocurrió. Se sintió presionada, sin contar el duro golpe que recibió al informarle que no puede salir del Goretti, lugar donde se encuentra internada desde hace casi ocho meses, violando normas elementales", expresaron.
Los profesionales también cuestionaron la falta de garantías cuando fue llevada a Tribunales. "Los integrantes de la familia Ortega la insultaron, amenazaron y hasta la escupieron. Entendemos su dolor, pero no podemos creer que desde la Justicia no se haga nada para protegerla. El padre y la hermana de nuestra defendida también fueron amenazados. Pareciera que están buscando un enfrentamiento entre las familias", expresaron.
Rivera y Lezcano, además de apelar la resolución, informaron que solicitarán que se recuse a Daniel Clemente, secretario de la jueza Wexler y denunciarán todo lo ocurrido ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia y al Colegio de Abogados.
La familia Ortega, en cambio, se mostró satisfecha con la decisión que tomó Wexler. Durante esta semana, según confirmó un allegado, esperarán los pasos que de la Justicia para analizar si seguirán protestando. No descartan mantener reuniones con funcionarios del Gobierno nacional.
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