29 Marzo 2008 Seguir en 
Las relaciones del Gobierno nacional con diferentes instituciones y sectores sociales del país carecen desde hace años de las condiciones requeridas por la buena marcha de los asuntos públicos, sin que el reciente relevo en la presidencia de la República haya contribuido a modificarlas. La situación se manifiesta en la gran proporción que ocupan en el interés general los debates y las discusiones sobre las relaciones entre las autoridades y aquellos sectores donde la falta de un diálogo fecundo impide en no pocas ocasiones los acuerdos requeridos por el bien común.
La responsabilidad mayor en ese desbalance político concierne a la autoridad pública cuyas funciones y responsabilidades son muy diferentes de la gestión partidaria. No es ocioso señalar en ese orden que a la investidura máxima del poder le corresponde atender los intereses de toda la sociedad sin otra preferencia que los compromisos asumidos en la elección por la ciudadanía, de acuerdo con los principios constitucionales de la administración del Estado y para los que el sistema republicano es clave de calidad institucional. La ausencia de una gestión de esa naturaleza se corresponde en el tiempo con la fragmentación de la sociedad y la necesidad de reconciliarla, dentro del pluralismo en el cual arbitra el buen gobierno.
No es que el característico presidencialismo que impuso el estilo de gestión del ex presidente Néstor Kirchner y que no se ha modificado por su sucesora, se confunda con una dictadura; sin embargo, la forma en que se ejerce invocando generalmente emergencias que no se corresponden con las que el país soportó hace un lustro, tiene un perfil autoritario más propio de aquella que del gobierno republicano.
En la gestión de ambos no se ha convocado en ocasión alguna un acuerdo de gabinete y el rumbo legislativo del Congreso ha tenido un creciente sometimiento a la voluntad del Poder Ejecutivo mediante notorios procedimientos de cooptación que desnaturalizan el deber de control parlamentario, además de asegurar la influencia presidencial en el Consejo Nacional de la Magistratura. Salvo muy limitadas ocasiones, ese modelo de gestión no se ha comunicado con la sociedad valiéndose de los medios de comunicación y optando por mensajes directos ocasionales en los que rara vez se deja de descalificar a la prensa y a los sectores cuyas opiniones difieren de la concepción oficial de la realidad.
Ese modelo de gestión fuertemente autonómico y consolidado mediante la acumulación de facultades que exceden los límites constitucionales ha provocado crecientes diferencias en la sociedad con la amenaza de su fragmentación. Situación que no pocas expresiones y acciones de funcionarios parecen no sólo advertir sino más bien estimular. El poder presidencial se transformado por todo eso en un complejo político que no repara en medios de conservación y es del todo inaccesible a la necesaria relación con los múltiples sectores del quehacer nacional. Sin embargo, señales estimulantes de la Presidenta de una revisión de esa resistencia al diálogo para poder concretarlo desde posiciones adversas pero con una nueva variante advierten que un camino de racionalidad es posible.
Los argentinos, desafortunadamente, han sido privados demasiado tiempo de la palabra conciliadora del gobierno que debe ser de todos pero ha de respetar a las mayorías sin dejar de reconocer en las minorías los derechos esenciales del pluralismo democrático.
La responsabilidad mayor en ese desbalance político concierne a la autoridad pública cuyas funciones y responsabilidades son muy diferentes de la gestión partidaria. No es ocioso señalar en ese orden que a la investidura máxima del poder le corresponde atender los intereses de toda la sociedad sin otra preferencia que los compromisos asumidos en la elección por la ciudadanía, de acuerdo con los principios constitucionales de la administración del Estado y para los que el sistema republicano es clave de calidad institucional. La ausencia de una gestión de esa naturaleza se corresponde en el tiempo con la fragmentación de la sociedad y la necesidad de reconciliarla, dentro del pluralismo en el cual arbitra el buen gobierno.
No es que el característico presidencialismo que impuso el estilo de gestión del ex presidente Néstor Kirchner y que no se ha modificado por su sucesora, se confunda con una dictadura; sin embargo, la forma en que se ejerce invocando generalmente emergencias que no se corresponden con las que el país soportó hace un lustro, tiene un perfil autoritario más propio de aquella que del gobierno republicano.
En la gestión de ambos no se ha convocado en ocasión alguna un acuerdo de gabinete y el rumbo legislativo del Congreso ha tenido un creciente sometimiento a la voluntad del Poder Ejecutivo mediante notorios procedimientos de cooptación que desnaturalizan el deber de control parlamentario, además de asegurar la influencia presidencial en el Consejo Nacional de la Magistratura. Salvo muy limitadas ocasiones, ese modelo de gestión no se ha comunicado con la sociedad valiéndose de los medios de comunicación y optando por mensajes directos ocasionales en los que rara vez se deja de descalificar a la prensa y a los sectores cuyas opiniones difieren de la concepción oficial de la realidad.
Ese modelo de gestión fuertemente autonómico y consolidado mediante la acumulación de facultades que exceden los límites constitucionales ha provocado crecientes diferencias en la sociedad con la amenaza de su fragmentación. Situación que no pocas expresiones y acciones de funcionarios parecen no sólo advertir sino más bien estimular. El poder presidencial se transformado por todo eso en un complejo político que no repara en medios de conservación y es del todo inaccesible a la necesaria relación con los múltiples sectores del quehacer nacional. Sin embargo, señales estimulantes de la Presidenta de una revisión de esa resistencia al diálogo para poder concretarlo desde posiciones adversas pero con una nueva variante advierten que un camino de racionalidad es posible.
Los argentinos, desafortunadamente, han sido privados demasiado tiempo de la palabra conciliadora del gobierno que debe ser de todos pero ha de respetar a las mayorías sin dejar de reconocer en las minorías los derechos esenciales del pluralismo democrático.







