Perdones políticos y castigos económicos

"Se armó un problema grande de la nada". Preocupado, el hombre movía la cabeza, vacilante. Si fuera un ciudadano más, no habría tanta sorpresa. Pero al tratarse de un encumbrado funcionario del Palacio de Hacienda, la perspectiva cambia. De su reflexión, sólo hay que cambiar -por una cuestión de estilo- una palabra (problema) por otra más de la tribuna para entender la gravedad del asunto. El operativo "salven al ministro" se había puesto en marcha desde el mismo momento en que Roberto Lavagna sonaba como su reemplazante.
Martín Lousteau se refugió bajo el ala de su padrino político, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete y el funcionario más influyente del entorno de Cristina Fernández de Kirchner. En la cumbre de ayer, en Parque Norte, se lo vio más tranquilo al joven ministro, el blanco de todas las críticas de los hombres del campo. Para ese mitin K fueron invitados casi todos los gobernadores comprometidos con el proyecto. Alguien tomó asistencia de los presentes y Alperovich estuvo en primera fila escuchando a Cristina. En el día previo hubo reuniones de urgencia citadas por la Nación para solucionar cuestiones financieras pendientes con las provincias. En buen romance, eso podría interpretarse como que el apoyo político tiene su cotización en el mercado kirchnerista.
De todas maneras, habrá que esperar hasta hoy para saber cuánto vale el apoyo. Lousteau encabezará la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, donde se prevé aprobar algunos waivers (perdón fiscal o refinanciación a más largo plazo de ciertas deudas) para un grupo de distritos del interior. Tucumán no estará al margen de ese asunto, ni tampoco de los efectos colaterales de la crisis que arrastró a varios funcionarios hacia la renuncia.
El gobernador José Alperovich dice que se tomará su tiempo para cubrir un Ministerio de Desarrollo Productivo (vacante por la dimisión del ruralista José Manuel Paz) pero que, en la realidad, nadie quiere agarrar el muerto, usando palabras propias del poder. La lógica indica que, mientras el Gobierno nacional sostenga esta política de altas retenciones al campo, difícilmente un hombre comprometido con el sector quede expuesto al vilipendio de sus pares de finca. Por eso, desde la propia Casa de Gobierno se lanzan algunos nombres que no están comprometidos directamente con el agro. Desde Eduardo El Eter, pasando por Mario Koltan y hasta Julio Saguir. Sin embargo, hay una carta bajo la manga: Pablo Tonelli, actual director de la representación de Tucumán en Buenos Aires. Tiene un perfil productivo, dicen los que lo promueven, pero también aclaran que no quiere venir a Tucumán. Cosas del desarraigo de la metrópoli. Hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo es una suerte de salvavidas de plomo que, si sigue la crisis del campo, pasaría a ser una cartera de meros anuncios; de fantasías para tentar a algún inversor para que radique industrias o fábricas.
Con este paro que lleva más de dos semanas, el campo pierde y el Estado también. A muy pocos dirigentes les cuesta creer que los productores hayan salido a reclamar en las rutas. "No es fácil sacarlos ni de la finca ni de campo adentro", comentó a este columnista un conocedor de la actividad.
En una medida generalizada de retenciones móviles, el Gobierno nacional no distinguió del tamaño de los productores. Un gran ganadero o agricultor tal vez pueda ceder medio millón de dólares por las retenciones extras, pero le quedarán otros dos millones para hacer frente a los costos de producción y otros gastos. Pero un pequeño productor al que le quitan 10.000 dólares de la noche a la mañana observará que en esa cesión al Estado se puede ir parte de su calidad de vida, la educación de su hijo o el servicio prepago elegido para su grupo familiar durante un período prolongado. Ni los efectos de las heladas ni los de las sequías movilizaron tanto a los ruralistas como la suba en las retenciones. Su mentalidad es distinta de la de un hombre de la ciudad. Observan más el largo que el corto plazo.
Pero ahora el conflicto tampoco distingue sectores. Más allá de una posible tregua, las pérdidas para el campo serán millonarias. El restablecimiento de la cadena de distribución demandará no menos de 10 días en una situación de desabastecimiento comercial que ya se evidencia en todo el país. Y la Provincia también pierde por no haber hecho valer sus derechos sobre recursos que deberían volver en coparticipación. Las retenciones no se coparticipan y en la Casa Rosada tampoco piensan en la redistribución de esa riqueza. Sencillamente porque mantiene el superávit fiscal del país. Efectos tardíos de la fiesta K.
Haciendo una proyección a grandes trazos, si los productores tucumanos aportan no menos de U$S 170 millones anuales en retenciones, Tucumán dejará de recibir por coparticipación federal de impuestos unos U$S 60 millones, tomando sólo el 35% de ese aporte del sector privado, que bien podría retornar en obras públicas o en el mejoramiento de los caminos productivos. Peor será el lamento si observamos qué más se puede hacer con tanto dinero. Por ejemplo, se podrían construir 22 escuelas equipadas, encarar la obra de Potrero de las Tablas o un complejo de 30.000 viviendas tipo Fonavi. Alguien podrá decir que eso se está haciendo con dinero nacional. Pero sería más saludable hacerlo con esfuerzo propio, sin depender de la cercanía o no a la Casa Rosada, conservando la autonomía política y financiera de Tucumán, casi un sueño en los tiempos actuales.