Revocación o anulación, voces que se generalizaron

Desde que trascendió que algún vocal de la Corte Suprema de Justicia iba a proponer que fueran dejadas sin efectos algunas disposiciones de la acordada Nº 972 comenzaron a circular voces con una excluyente carga jurídica: derogación, revocación o anulación. La Asociación de Magistrados, por ejemplo, pidió a la Corte que adopte los recaudos para la revocación o nulidad de la acordada.
La derogación siempre supone el retiro del ordenamiento jurídico o la extinción de una norma o acto de alcance general. Más complicada parece la distinción entre revocación y anulación.
La Corte Suprema dictó la acordada en uso de sus facultades administrativas, no jurisdiccionales (esta última actividad apunta al acto de impartir justicia). Un capítulo central del Derecho Administrativo lo constituye el estudio de la extinción de los actos de esa naturaleza a causa de su eventual ilegitimidad o por razones de mérito, conveniencia u oportunidad que aconsejaran tal cosa.
En "El acto administrativo", Julio Rodolfo Comadira enseña que algunas autores reservan la voz revocar para cuando la extinción del acto opera por obra de la administración, y anulación para cuando es dispuesta por vía judicial. En cambio, él usa la palabra anulación "para toda extinción dispuesta por la administración o por la Justicia, con fundamento en razones de ilegitimidad".