Los magistrados remarcaron a la Corte "los reparos legales" que les suscita la acordada 972

Los magistrados están firmes y convencidos: la polémica acordada Nº 972 de la Corte Suprema de Justicia vulnera la Constitución nacional, la Ley Orgánica de Tribunales y la norma provincial Nº 7.232, que prohíbe la violencia laboral (una de cuyas manifestaciones es la discriminación remunerativa). Por ello, ayer solicitaron formalmente al alto tribunal que revoque o anule la acordada, que dispuso jerarquizaciones y aumentos salariales selectivos. También requirieron que les informen hasta el miércoles qué resolución adoptarán sobre la petición. Para ese día, a las 19, fue convocada la nueva asamblea de la Asociación de Magistrados a fin de definir los próximos pasos tras la respuesta de la Corte.
A las 12.30, según fuentes del alto tribunal, ingresó a la presidencia de la Corte Suprema, que encabeza Antonio Gandur, la contundente nota firmada por Marta Jerez de Rivadeneira y Marcela Tejeda, presidenta y secretaria de la Asociación, respectivamente (ver "Carta...").
La misiva recepta el malestar que los más de 50 jueces e integrantes del Ministerio Público de esta capital y de Concepción (un grupo tenía mandato para representar a una veintena de magistrados del sur) exteriorizaron durante la asamblea del martes.

Mucho respeto
Durante el concurrido encuentro, hubo fuertes críticas contra lo que se consideró la desjerarquización de la función jurisdiccional (todo lo relacionado con la administración de justicia) a favor del crecimiento de los cuerpos técnicos (sistema, recursos humanos, presupuesto, etcétera). Uno de los puntos de la acordada que más rebeló fue que a los ocho profesionales que encabezaban esas direcciones (la mayoría no son abogados) los equipararon a secretarios de Corte, con un sueldo básico de $ 4.071.
Pese a los cuestionamientos que recibió la política judicial del alto tribunal, los magistrados fueron respetuosos de los vocales de la Corte. Algunos propusieron que se optara directamente por la salida judicial contra la acordada. Finalmente, se impuso con amplitud que primero -y sin que esto implicara excluir otras alternativas- había que agotar la vía ante la Corte, como ya habían resuelto los asociados de Concepción.
Los vocales de la Corte celebrarán hoy, a las 9.30, la habitual reunión de acuerdo de los jueves, en la que la queja de los magistrados acaparará la atención, aunque también tratarían la misiva que recibieron de la Legislatura para que designen al representante de la Corte en el Jurado de Enjuiciamiento. Los criterios respecto de cómo se puede desactivar el conflicto generado por la acordada no serían uniformes.
En la nota, en el afán de cuestionar el criterio de la acordada de agrupar a profesionales (y a algunos que no lo son) en la categoría de secretarios de Corte, los magistrados invocaron un posible incumplimiento del artículo 85 de la Ley Orgánica, que establece los requisitos académicos para ese cargo. Por ello, sugirieron a los vocales que tengan en cuenta el artículo 51 de la Ley de Procedimientos Administrativos (rige para los actos de esta naturaleza que cumplan los tres poderes), que establece: "el acto administrativo nulo debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad, aun en sede administrativa".