La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) deberá abstenerse de cobrar la tarifa a algunos usuarios del barrio El Bosque, a la vez que deberá acreditar los importes percibidos, al menos, de los últimos cinco años a estos ciudadanos y al Ente Regulador de Servicios de Agua y Cloacas de Tucumán (Ersact). Así lo dispuso el organismo, tras estudiar la presentación que hicieron los afectados por la mal prestación del servicio.
En los considerandos de la resolución firmada por el gerente General del Ersact, José Rolando Erazzú, se expresa que al corte del servicio se deben sumar el período en que, mientras se normaliza el flujo, se producen arrastres de sólidos que taponan los conductos cuando no hay agua. Según el organismo, esto también debe entenderse como carencia, puesto que el líquido es inutilizable. Se destaca, además, que la interrupción del servicio no se puede prever ni es anunciado por la SAT, lo que impide que los usuarios tomen medidas para afrontar la carestía.
El apartado también destaca que la ley 6.529 (establece el marco regulatorio de la concesión de los servicios de provisión de agua y de desagües cloacales) antepone la salud pública al derecho a realizar cortes en el servicio que posee la concesionaria (en este caso, la Sociedad Aguas del Tucumán). En este sentido, advierte que los usuarios del barrio El Bosque debieron modificar sus hábitos de vida para poder usufructuar el escaso líquido que reciben, lo que provocó gastos que no estaban contemplados en su presupuesto.
Emergencia hídrica
Aunque no la nombra expresamente, el Ersact también hace referencia a la ley 7.875 (emergencia hídrica). El artículo 10 de esta norma expresa que "durante la vigencia del estado de emergencia, el Ejecutivo dispondrá que la SAT deje sin efecto los cortes o restricciones del uso de agua en los inmuebles". La norma se encuentra en vigencia a partir de que fuera sancionada la ley 7.998, que prorroga hasta 2010 la emergencia hídrica en la provincia. La resolución del Ersact expresa que como el motivo de la interrupción del servicio no es un fenómeno natural sino que es producto de la carencia de quien tiene que brindar el servicio, le corresponde a la SAT perder los derechos del cobro.
En el cuerpo resolutivo, además de ordenarse a la empresa el cese del cobro y su retribución, se le exige que se inhiba de ejecutar cortes o restricciones y de promover acciones judiciales de cobros de facturas impagas, en tanto dure la discontinua prestación del servicio. Asimismo, la insta a presentar el proyecto, en un plazo de 15 días, de las obras necesarias para terminar con el ineficiente servicio que reciben estos usuarios.
En los considerandos de la resolución firmada por el gerente General del Ersact, José Rolando Erazzú, se expresa que al corte del servicio se deben sumar el período en que, mientras se normaliza el flujo, se producen arrastres de sólidos que taponan los conductos cuando no hay agua. Según el organismo, esto también debe entenderse como carencia, puesto que el líquido es inutilizable. Se destaca, además, que la interrupción del servicio no se puede prever ni es anunciado por la SAT, lo que impide que los usuarios tomen medidas para afrontar la carestía.
El apartado también destaca que la ley 6.529 (establece el marco regulatorio de la concesión de los servicios de provisión de agua y de desagües cloacales) antepone la salud pública al derecho a realizar cortes en el servicio que posee la concesionaria (en este caso, la Sociedad Aguas del Tucumán). En este sentido, advierte que los usuarios del barrio El Bosque debieron modificar sus hábitos de vida para poder usufructuar el escaso líquido que reciben, lo que provocó gastos que no estaban contemplados en su presupuesto.
Emergencia hídrica
Aunque no la nombra expresamente, el Ersact también hace referencia a la ley 7.875 (emergencia hídrica). El artículo 10 de esta norma expresa que "durante la vigencia del estado de emergencia, el Ejecutivo dispondrá que la SAT deje sin efecto los cortes o restricciones del uso de agua en los inmuebles". La norma se encuentra en vigencia a partir de que fuera sancionada la ley 7.998, que prorroga hasta 2010 la emergencia hídrica en la provincia. La resolución del Ersact expresa que como el motivo de la interrupción del servicio no es un fenómeno natural sino que es producto de la carencia de quien tiene que brindar el servicio, le corresponde a la SAT perder los derechos del cobro.
En el cuerpo resolutivo, además de ordenarse a la empresa el cese del cobro y su retribución, se le exige que se inhiba de ejecutar cortes o restricciones y de promover acciones judiciales de cobros de facturas impagas, en tanto dure la discontinua prestación del servicio. Asimismo, la insta a presentar el proyecto, en un plazo de 15 días, de las obras necesarias para terminar con el ineficiente servicio que reciben estos usuarios.
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