Una luz en el camino

Finalmente, la Sala II en lo Contencioso Administrativo de la Provincia, integrada por los Dres. Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, se ha pronunciado en el planteo de inconstitucionalidad formulado sobre algunos aspectos de la reforma constitucional provincial del 2006, respecto de la designación de los jueces, a través de la incorporación del Consejo Asesor de la Magistratura, su remoción por medio del Jurado de Enjuiciamiento, y la reforma constitucional por vía legislativa, mediante el instituto de la enmienda constitucional.
Sin entrar a analizar el extenso fallo en detalle, lo que será requerido a un constitucionalista, debemos, sí, destacar ciertos aspectos y consecuencias.

Necesario equilibrio
El sistema republicano de gobierno, recepcionado por la República Argentina, establece la división de los tres poderes del Estado, pero crea -a su vez- una interrelación entre ellos, de manera de lograr un sano equilibrio entre ellos.
Dijimos varias veces desde esta columna que el contralor jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial sobre los poderes políticos no sólo es una facultad de los jueces, sino una obligación ineludible.
También dijimos, y aún con mayor énfasis, que una cuestión básica de este control es la independencia del Poder Judicial, para lo cual es menester la existencia, real y efectiva, de diversos presupuestos, siendo el más destacable la forma de designación de los jueces y su posible remoción.
El fallo indudablemente que implica el ejercicio del control jurisdiccional no sólo sobre actos de los poderes políticos, sino también sobre la propia Asamblea Constituyente; en esto hace notar lo que considera un apartamiento, por parte de estos, del marco constitucional vigente en la República Argentina.
Lo destacable -independientemente de los aspectos técnicos-constitucionales-, que serán objeto de análisis por especialistas, es que el fallo demuestra una clara independencia de los jueces y el cumplimiento de sus obligaciones como magistrados, al ejercer el control jurisdiccional. Esto es sano, muy sano, desde el punto de vista de la salud de las instituciones.
Creemos firmemente que el fallo debe ser objeto de un análisis objetivo sin pasiones políticas de ninguna naturaleza. Las instituciones en juego así lo exigen. Sería un grave, gravísimo error, politizar el tema. Por el contrario, debería surgir un amplio y fructífero debate sobre la cuestión a los efectos de que deje una enseñanza para el futuro. No dudamos que si este debate se hubiera dado al momento de la reforma y con disposición a escuchar razones, tal vez otra hubiese sido la historia.
Si bien no es aceptable, es comprensible que los poderes políticos tiendan a incrementar sus facultades.
Es necesario que cuando estos incrementos sean realizados en exceso de los límites constitucionales, el Poder Judicial lo diga, sin que los poderes políticos deban tomar esto como un ataque o agresión, sino como una observación.
Aceptar estos principios, es aceptar que vivimos en una república y que el orden constitucional se les aplica a todos los poderes del Estado, lo que implica, en definitiva, respetar el sistema. No ganaron los actores, ni perdió la demanda. El premio se lo llevan las instituciones de la República y de la Provincia.