En el mayor de los sigilos, el Gobierno dedujo ayer el recurso de casación contra la sentencia por medio de la que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró nulos e inconstitucionales varios artículos de la Constitución de 2006.
Se trata de un escrito de 58 fojas firmado por el propio fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres. Este dio la orden de que se mantuviera en reserva el contenido del texto hasta que no fuera proveído por el tribunal. "Impugnamos la sentencia en toda su extensión", se limitó a asegurar anoche a LA GACETA.
Especialmente fue cuestionado el carácter de la legitimidad reconocida al Colegio de Abogados (la parte demandante) para actuar, así como que el tribunal (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello) haya interpretado que la acción de inconstitucionalidad deducida por aquella institución procedía -incluso- para impugnar directamente normas de la Carta Magna.
Por el contrario, Sassi Colombres insistió en que la mencionada acción es concreta, es decir, sólo es admisible cuando se ha afectado un interés determinado (entiende que el Colegio de Abogados no sufrió ningún perjuicio como consecuencia de las reformas introducidas en 2006). Asimismo, según argumentó, no cabía un control tan amplio como para que el tribunal declarara nulos (es decir, con efectos derogatorios generales y no sólo circunscriptos al caso en particular) varios artículos de la Constitución. Precisamente, este es uno de los aspectos del fallo que más habían elogiado algunos catedráticos, como Andrés Gil Domínguez.
Se trata de un escrito de 58 fojas firmado por el propio fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres. Este dio la orden de que se mantuviera en reserva el contenido del texto hasta que no fuera proveído por el tribunal. "Impugnamos la sentencia en toda su extensión", se limitó a asegurar anoche a LA GACETA.
Especialmente fue cuestionado el carácter de la legitimidad reconocida al Colegio de Abogados (la parte demandante) para actuar, así como que el tribunal (Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello) haya interpretado que la acción de inconstitucionalidad deducida por aquella institución procedía -incluso- para impugnar directamente normas de la Carta Magna.
Por el contrario, Sassi Colombres insistió en que la mencionada acción es concreta, es decir, sólo es admisible cuando se ha afectado un interés determinado (entiende que el Colegio de Abogados no sufrió ningún perjuicio como consecuencia de las reformas introducidas en 2006). Asimismo, según argumentó, no cabía un control tan amplio como para que el tribunal declarara nulos (es decir, con efectos derogatorios generales y no sólo circunscriptos al caso en particular) varios artículos de la Constitución. Precisamente, este es uno de los aspectos del fallo que más habían elogiado algunos catedráticos, como Andrés Gil Domínguez.








