"Es una sentencia innovadora, que respeta los criterios más modernos"

"Es un fallo interesante, innovador, que pone freno al poder a partir de los criterios más modernos en materia de control de constitucionalidad". A estas palabras recurrió ayer el jurista santafesino Maximiliano Toricelli (foto) para elogiar la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que declaró inconstitucionales y nulos artículos de la propia Constitución reformada en 2006.
El eje de la sentencia, según el profesor de Derecho Constitucional de las universidades Nacional y Católica de Rosario, consiste en haber subrayado el apego que toda convención constituyente debe tener por la ley que declaró la necesidad de la reforma. "Como bien se resalta en el fallo, se trata de una norma de carácter preconstituyente, que integra el orden constitucional en la medida en que la Legislatura les fija a los constituyentes qué pueden reformar y qué no; es decir, limita la facultad del poder constituyente. En lenguaje coloquial, le dice: ?hasta aquí podés llegar?", manifestó en diálogo telefónico.

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Autor de los libros "El sistema de control constitucional argentino" y "La competencia en el amparo", Toricelli recordó que la mayoría de las inconstitucionalidades declaradas en relación con procesos de reformas de cartas magnas se basaron en el control de si fueron respetados los límites formales establecidos por la ley que declaró necesaria la enmienda. "Por ello, muchos pronunciamientos juzgaron la extralimitación de la habilitación concedida a la convención. Incluso lo hizo la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en la resonada causa ?Fayt?, cuando señaló que los constituyentes de 1994 habían traspasado los límites fijados (cuando establecieron que para que un juez federal continuara en el cargo después de los 75 años hacía falta un nuevo nombramiento). En estos casos, no se juzgó si estaban bien o mal las cláusulas, sino si se ajustaban (o no) a los marcos establecidos por la norma preconstituyente", dijo.
Más novedosa, según el catedrático, es la sentencia en la medida en que, al analizar el diseño del Consejo Asesor de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento configurado por la nueva Constitución, promueve el respeto de ciertas pautas mínimas. "Esta es una actitud interesante, la de exigir la concordancia de la Constitución provincial con la de la Nación. El fallo advierte que la Convención tucumana podía legislar aquellos institutos en un sentido o en otro, pero no podía ir contra la Carta Magna nacional ni contra los tratados internacionales, en la medida en que garantizan el régimen republicano y la independencia entre los poderes. Entonces, concluye que, cuando una cláusula roza esto, es inválida e inconstitucional", justificó.
Toricelli aclaró que, sin llegar a lo que algunos llaman activismo judicial o sentencias exhortativas (cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación insta al Congreso a que sancione una ley), el fallo se aproxima a esta tendencia. Eso sucede cuando establece que la constitucionalidad de la integración prevista para el Jurado de Enjuiciamiento (cinco legisladores, un vocal de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo y un abogado) puede sostenerse si se asegura que la oposición tenga asegurada dos plazas en la representación legislativa. "Es una advertencia para el futuro, en la que se dice a la Legislatura que, a la hora de reglamentar la integración del Jurado, se puede salvar al artículo 126 interpretándolo en el sentido del respeto por las minorías", explicó el docente.
En algo sí plantea una situación nueva la sentencia tucumana. "Es la primera vez que se hace un cierre institucional, de carácter global, en ausencia de un problema o de un perjudicado concreto (por las normas impugnadas en el caso). Esta tendencia tiene que ver con el ensanchamiento de los sujetos legitimados para actuar en un proceso a partir de la reforma de 1994, cuando hay un interés público en juego. Eso sí: esto tiene como contrapartida el interrogante acerca de los alcances de los efectos de la sentencia", advirtió el jurista de apenas 37 años.