10 Febrero 2008 Seguir en 
Víctor Juan Marcos, abogado de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), delegación Tucumán, comentó a LA GACETA que el combate contra el empleo en negro es constante en la agenda diaria de este gremio. “El trabajo ilegal es una realidad incontrastable entre los trabajadores rurales de Tucumán, hace 30 años que luchamos por el blanqueo de los trabajadores del campo para que puedan acceder a la obra social y realizar los correspondientes aportes jubilatorios”, afirmó.
“Si bien estamos de acuerdo con la realización de los operativos de control a las irregularidades laborales que sufren los trabajadores, creemos que esta medida por sí sola no es suficiente. No basta con que el empleador pueda ser multado o sufrir la clausura de 10 días en su local. Es necesario que exista también una inhabilitación para aquellos empleadores que además de no cumplir con los aportes de la seguridad social, son reincidentes en este tipo de violaciones”.
Marcos se refirió a la existencia de empresas de servicio que proveen de mano de obra a las empresas usuarias, que de esta forma evitan tener que realizar el pago de los aportes a la seguridad social de los trabajadores, ya que no son propiamente empleados de la empresa usuaria, aún cuando trabajen para ella.
“Estas empresas de servicio figuran como empleadores del trabajador rural, y son en general insolventes. Tienen una existencia en un promedio de dos a cuatro años; luego desaparecen dejando detrás una deuda importante en materia de aportes de los empleados”, resaltó. “Al cabo de un tiempo -agregó-, las mismas personas físicas o jurídicas crean otra empresa, cambian el nombre de fantasía, y vuelven a agrupar empleados, en una maniobra no sólo ilegal sino que claramente perjudicial para el trabajador”.
Registración
Los operativos para el control del trabajo en negro tienen como objetivo erradicar el empleo ilegal y promover tanto la registración de los empleados como su existencia como tales en el sistema de seguridad social. Sin embargo, según Marcos, la realización únicamente de estos operativos en nada modifican o contribuyen a la solución del problema de fondo, si no están acompañadas de una política pública y fiscal que alivie la carga tributaria de los empleadores, que subsidie los sectores productivos en la provincia y sobre todo que concientice tanto al trabajador como al empleador de las consecuencias negativas del trabajo irregular. “Es un problema de raíces culturales; muchos contratan a la gente, que pone a su disposición su fuerza de trabajo y, sin embargo, el empleador no las llama ni 15 días al mes a prestar servicios. Entonces, su jornal se desvanece”, subrayó. Reveló que se necesita ganar un mínimo de $ 240 para estar en una obra social. “A veces llegan empleados con boletas de $160. Es necesario que la autoridad de aplicación, que es la secretaría de Trabajo, controle que esta situación se regularice, y que las soluciones sean duraderas”.
Según el profesional, esta política de concientización del empleador implicaría un esfuerzo de los productores en no contratar con empresas de servicios en clara violación a las normas laborales, y la exigencia al Estado de verificar la seriedad y solvencia de una empresa antes de otorgar la personería jurídica. Asimismo, ratificó que la solución al problema del trabajo irregular en el sector rural requiere un tratamiento que sea efectivo, lo cual no se alcanzaría sin la inhabilitación de aquellos empleadores reincidentes en violación a los derechos laborales, y sin la responsabilidad solidaria de las empresas de servicio, empleadoras directas, y de las empresas usuarias, que manejan un capital económico y una solvencia de las cuales las primeras carecen.
“Las sanciones que dispone la Ley 7.999 para los empleadores son multas y la posible clausura por 10 días del comercio, con la posibilidad de sanear su situación si registra al empleado y lo mantiene en su puesto durante los próximos 16 meses. Pero transcurrido ese plazo ¿cuál será la situación del trabajador?”, concluyó Marcos.
“Si bien estamos de acuerdo con la realización de los operativos de control a las irregularidades laborales que sufren los trabajadores, creemos que esta medida por sí sola no es suficiente. No basta con que el empleador pueda ser multado o sufrir la clausura de 10 días en su local. Es necesario que exista también una inhabilitación para aquellos empleadores que además de no cumplir con los aportes de la seguridad social, son reincidentes en este tipo de violaciones”.
Marcos se refirió a la existencia de empresas de servicio que proveen de mano de obra a las empresas usuarias, que de esta forma evitan tener que realizar el pago de los aportes a la seguridad social de los trabajadores, ya que no son propiamente empleados de la empresa usuaria, aún cuando trabajen para ella.
“Estas empresas de servicio figuran como empleadores del trabajador rural, y son en general insolventes. Tienen una existencia en un promedio de dos a cuatro años; luego desaparecen dejando detrás una deuda importante en materia de aportes de los empleados”, resaltó. “Al cabo de un tiempo -agregó-, las mismas personas físicas o jurídicas crean otra empresa, cambian el nombre de fantasía, y vuelven a agrupar empleados, en una maniobra no sólo ilegal sino que claramente perjudicial para el trabajador”.
Registración
Los operativos para el control del trabajo en negro tienen como objetivo erradicar el empleo ilegal y promover tanto la registración de los empleados como su existencia como tales en el sistema de seguridad social. Sin embargo, según Marcos, la realización únicamente de estos operativos en nada modifican o contribuyen a la solución del problema de fondo, si no están acompañadas de una política pública y fiscal que alivie la carga tributaria de los empleadores, que subsidie los sectores productivos en la provincia y sobre todo que concientice tanto al trabajador como al empleador de las consecuencias negativas del trabajo irregular. “Es un problema de raíces culturales; muchos contratan a la gente, que pone a su disposición su fuerza de trabajo y, sin embargo, el empleador no las llama ni 15 días al mes a prestar servicios. Entonces, su jornal se desvanece”, subrayó. Reveló que se necesita ganar un mínimo de $ 240 para estar en una obra social. “A veces llegan empleados con boletas de $160. Es necesario que la autoridad de aplicación, que es la secretaría de Trabajo, controle que esta situación se regularice, y que las soluciones sean duraderas”.
Según el profesional, esta política de concientización del empleador implicaría un esfuerzo de los productores en no contratar con empresas de servicios en clara violación a las normas laborales, y la exigencia al Estado de verificar la seriedad y solvencia de una empresa antes de otorgar la personería jurídica. Asimismo, ratificó que la solución al problema del trabajo irregular en el sector rural requiere un tratamiento que sea efectivo, lo cual no se alcanzaría sin la inhabilitación de aquellos empleadores reincidentes en violación a los derechos laborales, y sin la responsabilidad solidaria de las empresas de servicio, empleadoras directas, y de las empresas usuarias, que manejan un capital económico y una solvencia de las cuales las primeras carecen.
“Las sanciones que dispone la Ley 7.999 para los empleadores son multas y la posible clausura por 10 días del comercio, con la posibilidad de sanear su situación si registra al empleado y lo mantiene en su puesto durante los próximos 16 meses. Pero transcurrido ese plazo ¿cuál será la situación del trabajador?”, concluyó Marcos.
NOTICIAS RELACIONADAS









