Las organizaciones interesadas en la defensa del patrimonio histórico están dispuestas a dar un duro combate judicial en el afán de lograr que no puedan ser enajenados los inmuebles que tienen una gran significación para Tucumán. A la acción de amparo colectiva deducida en el ámbito provincial por el Colegio de Arquitectos y por la Junta de Estudios Históricos, las autoridades de la Federación Económica de Tucumán (FET) evalúan hacer lo mismo, pero en la Justicia Federal.
Para justificar la intervención del fuero de excepción (el federal), el argumento sería que la Ley provincial 7.990 (desafectó numerosos inmuebles del sistema de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia) vulnera la Ley nacional 25.275. Esta, en el año 2000, declaró ciudad histórica el casco urbano originario de San Miguel de Tucumán, por lo que la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos pasó a ser la autoridad de aplicación.
Para justificar la intervención del fuero de excepción (el federal), el argumento sería que la Ley provincial 7.990 (desafectó numerosos inmuebles del sistema de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia) vulnera la Ley nacional 25.275. Esta, en el año 2000, declaró ciudad histórica el casco urbano originario de San Miguel de Tucumán, por lo que la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos pasó a ser la autoridad de aplicación.








