"Donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora". Esta cita del pensador español Marcelino Menéndez y Pelayo puede leerse en el texto de la acción de amparo colectivo que dedujeron Juan Martínez Romero y Cecilia Barenbreuker (ambos por el Colegio de Arquitectos), y Teresa Piossek Prebisch y Ventura Murga (por la Junta de Estudios Históricos).
El objetivo de la presentación es que sea declarada inconstitucional la Ley 7.990, que el 20 de diciembre desafectó una serie de propiedades del sistema que había establecido la Ley 7.535, más conocido como de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia.
Como la demanda fue interpuesta en enero y como no se habilitó su tratamiento como asunto de feria, el lunes la abogada patrocinante, Ana Carolina González Coletti, presentará un escrito en el afán de que se determine cuál de las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo entenderá en el caso.
El tribunal que intervenga, en primer lugar, deberá tratar el pedido de que se dicte una medida de no innovar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Los demandantes pretenden que, en forma precautoria, la Justicia ordene al Poder Ejecutivo, a la Caja Popular y al Sistema Provincial de Salud -organismos habilitados por la ley 7.990- que se abstengan de enajenar los bienes desafectados por la norma cuestionada.
Los arquitectos y los historiadores están convencidos de que se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia de la medida cautelar. "Existe una amenaza inminente de enajenación, destrucción y cambio del estatus jurídico de los valores estéticos, históricos, artísticos, urbanísticos y arquitectónicos que conforman el dominio público constitucional. Si se los destruyera no podrán ser recuperados, con lo que se producirá un daño a la provincia, a las generaciones presentes y futuras de la sociedad", esgrimieron.
Otros argumentos
Para sustentar su pretensión, los demandantes invocaron el artículo 145 de la Constitución de 2006 (sancionada por impulso del oficialismo), que dispone: "el Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad".
Asimismo, entienden que fueron vulnerados los artículos 3 (prohíbe a los poderes del Estado delegar las atribuciones que la Constitución les confiere) y 67, inciso 17 de la Carta Magna; este último, en la medida en que la Legislatura, única habilitada para autorizar expropiaciones, cedió al PE, al Siprosa y a la Caja Popular la facultad de disponer de los bienes desafectados.
El objetivo de la presentación es que sea declarada inconstitucional la Ley 7.990, que el 20 de diciembre desafectó una serie de propiedades del sistema que había establecido la Ley 7.535, más conocido como de Protección Cultural y de los Bienes Arquitectónicos de la provincia.
Como la demanda fue interpuesta en enero y como no se habilitó su tratamiento como asunto de feria, el lunes la abogada patrocinante, Ana Carolina González Coletti, presentará un escrito en el afán de que se determine cuál de las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo entenderá en el caso.
El tribunal que intervenga, en primer lugar, deberá tratar el pedido de que se dicte una medida de no innovar hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Los demandantes pretenden que, en forma precautoria, la Justicia ordene al Poder Ejecutivo, a la Caja Popular y al Sistema Provincial de Salud -organismos habilitados por la ley 7.990- que se abstengan de enajenar los bienes desafectados por la norma cuestionada.
Los arquitectos y los historiadores están convencidos de que se cumplen los requisitos exigidos para la procedencia de la medida cautelar. "Existe una amenaza inminente de enajenación, destrucción y cambio del estatus jurídico de los valores estéticos, históricos, artísticos, urbanísticos y arquitectónicos que conforman el dominio público constitucional. Si se los destruyera no podrán ser recuperados, con lo que se producirá un daño a la provincia, a las generaciones presentes y futuras de la sociedad", esgrimieron.
Otros argumentos
Para sustentar su pretensión, los demandantes invocaron el artículo 145 de la Constitución de 2006 (sancionada por impulso del oficialismo), que dispone: "el Estado provincial es responsable de la conservación, enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural, arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folclórico y paisajístico, cualquiera sea su régimen jurídico y su titularidad".
Asimismo, entienden que fueron vulnerados los artículos 3 (prohíbe a los poderes del Estado delegar las atribuciones que la Constitución les confiere) y 67, inciso 17 de la Carta Magna; este último, en la medida en que la Legislatura, única habilitada para autorizar expropiaciones, cedió al PE, al Siprosa y a la Caja Popular la facultad de disponer de los bienes desafectados.








