"Porque Alperovich quiere vender edificios lindos que deberíamos conservar". La sencillez de la respuesta que una madre treinteañera dio a la pregunta de su pequeño hijo sirve para graficar el espíritu de la séptima movilización en repudio a la decisión del Gobierno de vender edificios que forman parte del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico de la provincia.
La mujer, ocasional testigo de la marcha alrededor de la plaza Independencia, sintetizó con tono de resignación, para su hijo, el motivo de la protesta. Esta vez, los organizadores decidieron caminar encabezados por un auto Mercury, modelo 1947, con el objeto de simbolizar la importancia de preservar la historia.
Otra novedad fue que la manifestación se cerró con un acto frente a la sede del Ente Cultural Tucumán, en San Martín al 200. Allí se leyó un documento en el que se invitó al diálogo al presidente del organismo, Mauricio Guzman, y se reclamó a los legisladores que deroguen la Ley 7.990. Esta norma desafecta de la Ley de Patrimonio edificios históricos que estaban protegidos por la norma anterior.
Al grito de "Tucumán no se vende", los asistentes repasaron la historia de cada uno de los inmuebles tradicionales que rodean el paseo público y llevando banderas argentinas caminaron hasta el Ente Cultural. La misiva leída lleva la firma de representantes de los Ciudadanos Autoconvocados, de la Federación Económica de Tucumán, de la Junta de Estudios Históricos, del Colegio de Arquitectos, de la UNT y de entidades intermedias.
En el escrito, invitan formalmente a Guzman a dialogar respecto de la grave situación de riesgo en la que, sostienen, se encuentra el patrimonio cultural de la provincia. Por ello, exigen que se adopten las medidas necesarias para conservarlo y enriquecerlo. Además, afirman que la ley viola disposiciones de la Constitución nacional y de la provincial.
En el crítico documento se advierte que el funcionario no respondió al primer pedido de la Junta de Estudios Históricos (firmado el 16 de diciembre, antes de la sanción de la norma) respecto de que emitiera un rápido y enérgico dictamen "a fin de impedir que se cometiera un daño irreparable a bienes que son propiedad de todo el pueblo tucumano".
"Sólo a instancias de una segunda nota de la Junta, fechada el 17 de enero, la anterior misiva fue respondida. En la respuesta consta que se dio curso al expediente el 20 de diciembre, justo el mismo día en que la ley era sancionada; es decir, cuando se consumaban los hechos", se quejan los manifestantes en el texto.
La mujer, ocasional testigo de la marcha alrededor de la plaza Independencia, sintetizó con tono de resignación, para su hijo, el motivo de la protesta. Esta vez, los organizadores decidieron caminar encabezados por un auto Mercury, modelo 1947, con el objeto de simbolizar la importancia de preservar la historia.
Otra novedad fue que la manifestación se cerró con un acto frente a la sede del Ente Cultural Tucumán, en San Martín al 200. Allí se leyó un documento en el que se invitó al diálogo al presidente del organismo, Mauricio Guzman, y se reclamó a los legisladores que deroguen la Ley 7.990. Esta norma desafecta de la Ley de Patrimonio edificios históricos que estaban protegidos por la norma anterior.
Al grito de "Tucumán no se vende", los asistentes repasaron la historia de cada uno de los inmuebles tradicionales que rodean el paseo público y llevando banderas argentinas caminaron hasta el Ente Cultural. La misiva leída lleva la firma de representantes de los Ciudadanos Autoconvocados, de la Federación Económica de Tucumán, de la Junta de Estudios Históricos, del Colegio de Arquitectos, de la UNT y de entidades intermedias.
En el escrito, invitan formalmente a Guzman a dialogar respecto de la grave situación de riesgo en la que, sostienen, se encuentra el patrimonio cultural de la provincia. Por ello, exigen que se adopten las medidas necesarias para conservarlo y enriquecerlo. Además, afirman que la ley viola disposiciones de la Constitución nacional y de la provincial.
En el crítico documento se advierte que el funcionario no respondió al primer pedido de la Junta de Estudios Históricos (firmado el 16 de diciembre, antes de la sanción de la norma) respecto de que emitiera un rápido y enérgico dictamen "a fin de impedir que se cometiera un daño irreparable a bienes que son propiedad de todo el pueblo tucumano".
"Sólo a instancias de una segunda nota de la Junta, fechada el 17 de enero, la anterior misiva fue respondida. En la respuesta consta que se dio curso al expediente el 20 de diciembre, justo el mismo día en que la ley era sancionada; es decir, cuando se consumaban los hechos", se quejan los manifestantes en el texto.







