Por falta de un perito, se frena el caso de las licencias falsas

La investigación judicial iniciada en torno de la proliferación de licencias de remise adulteradas en Yerba Buena ingresó en un impasse. El fiscal penal de la X Nominación, Guillermo Herrera, aún no puede acceder al contenido de dos computadoras secuestradas durante los allanamientos realizados el viernes.
El funcionario judicial considera clave para la marcha de la causa un informe relativo a la información que contienen los CPU. Una de las computadoras requisadas se encontraba en la vivienda particular de un empleado de la Dirección de Tránsito municipal. El inspector, José Augusto Valdez, es hijo del actual director de Obras Públicas de Yerba Buena, Pedro Orlando Valdez. El funcionario fue designado por el intendente de esa ciudad, Daniel Toledo.
Además de la casa ubicada en la zona de La Olla, el fiscal Herrera concretó sendos allanamientos en la remisería "Maxi Taxi", de Camino del Perú 24, y en la residencia de la titular de esa agencia, Dora Evangelina Núñez. Algunos de los autos secuestrados con permisos presuntamente fraguados figuraban inscriptos en esa empresa.
Herrera pretendía contar con los análisis de la Policía Científica durante esta semana, pero se topó con un imprevisto. Desde la fuerza policial le advirtieron que no cuentan con una persona idónea para estudiar el contenido de los CPU. Por ello, el fiscal debió recurrir, mediante un oficio, a la Corte Suprema de Justicia para que sea el máximo tribunal el que le asigne un perito en informática. Este contratiempo dilatará la adopción de cualquier medida por parte de los investigadores y concluirá en una parálisis temporal de la causa que, a partir de la próxima semana (cuando se reanude la actividad en Tribunales, pasará a manos del fiscal penal Carlos Sale.
Mientras tanto, el apoderado legal de la Municipalidad, Carlos Luis Alvarez, se presentó ayer en Tribunales para aportar nuevos elementos a la causa. El letrado entregó al fiscal copias de notas elevadas por algunos propietarios de remises respecto del procedimiento que seguían para obtener las licencias provisorias (tienen una validez de 30 días, tras lo cual deben ser renovadas ante Transporte municipal).
"Las notas, más los resultados de los sumarios administrativos iniciados, nos dan la tranquilidad de que las licencias adulteradas no salieron de la Municipalidad. Y, sobre todo, que no hay empleados ni funcionarios involucrados", señaló el abogado del municipio.
Alvarez agregó que los propietarios de autos de alquiler reconocieron que la problemática viene desde hace un par de años. "Estamos conformes con el trabajo que está llevando adelante el fiscal", dijo. Paralelamente, dejó copias de un modelo de expediente administrativo que se sigue en el municipio para la obtención de una licencia de remise.