La mayoría de las 93 comunas rurales le adeuda al Gobierno provincial montos de distinto volumen por anticipos financieros reintegrables o por préstamos. Este dinero no puede ser recuperado normalmente desde el Poder Ejecutivo. Para saldar la deuda, se recurrirá ahora a la forma compulsiva: se retendrá el pasivo de los impuestos inmobiliarios comunales que cobre la Dirección General de Rentas desde este mes, a partir de la delegación de la función recaudatoria dispuesta por la ley 7.959. Sin embargo, el PE se encontró con un problema. Como la norma prevé, en su artículo 4, que el total de lo percibido debe ser transferido en forma inmediata y sin descuento a las comunas, el gobernador José Alperovich dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia 22/1 para suprimir esta imposición. El DNU fue firmado el 19 de diciembre de 2007, pero trascendió en las últimas horas. Los legisladores Osvaldo Cirnigliaro (Laborista) y José Alberto Cúneo Vergés (Frente para la Victoria) lo evalúan, con posturas antagónicas.








