“Evidentemente, la Provincia tiene decidido hacer valer el derecho de retención que existe respecto de los ingresos de las comunas rurales, para poder cobrar los anticipos reintegrables dados desde hace tiempo y que no podía recuperar. Es un criterio; si el Poder Ejecutivo ve útil esa modificación a la ley 7.959, está en su derecho”, afirmó ayer el legislador José Alberto Cúneo Vergés.
El oficialista fue el autor de la disposición que obligaba al Gobierno a transferir en forma inmediata y sin deducción alguna todo lo percibido por el impuesto inmobiliario comunal. Este artículo fue suprimido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 22/1, por el cual se pretende habilitar al PE a descontar de esa recaudación el monto que corresponda para cubrir las deudas.
Ante la consulta de LA GACETA, Cúneo Vergés confesó que desconocía el contenido del DNU, pese a que ingresó en la Legislatura el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, aclaró que, tras enterarse de la justificación dada en la norma por el gobernador José Alperovich, no insistirá con su postura.
“El Gobierno tiene sus razones. La realidad de las deudas existe, y no veo que el cambio impulsado sea un obstáculo o que atente contra lo sancionado. Sólo se va a retener el dinero debido, no se está violando nada. El espíritu de mi propuesta de modificación al proyecto jamás apuntaba a que no se paguen las deudas. Por el contrario, los montos que no sean debidos seguramente seguirán siendo entregados con prontitud, tal como era mi idea”, aseveró.
El oficialista fue el autor de la disposición que obligaba al Gobierno a transferir en forma inmediata y sin deducción alguna todo lo percibido por el impuesto inmobiliario comunal. Este artículo fue suprimido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 22/1, por el cual se pretende habilitar al PE a descontar de esa recaudación el monto que corresponda para cubrir las deudas.
Ante la consulta de LA GACETA, Cúneo Vergés confesó que desconocía el contenido del DNU, pese a que ingresó en la Legislatura el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, aclaró que, tras enterarse de la justificación dada en la norma por el gobernador José Alperovich, no insistirá con su postura.
“El Gobierno tiene sus razones. La realidad de las deudas existe, y no veo que el cambio impulsado sea un obstáculo o que atente contra lo sancionado. Sólo se va a retener el dinero debido, no se está violando nada. El espíritu de mi propuesta de modificación al proyecto jamás apuntaba a que no se paguen las deudas. Por el contrario, los montos que no sean debidos seguramente seguirán siendo entregados con prontitud, tal como era mi idea”, aseveró.








