El Gobierno quiere cobrarse deudas de las comunas con la recaudación de sus impuestos

Hace exactamente un mes, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a percibir el impuesto inmobiliario de las comunas rurales a través de la Dirección General de Rentas (DGR). Ahora se conoció que el Gobierno pretende poder cobrarse las deudas impagas con esa recaudación, mediante la emisión de un Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica parte de la ley sancionada.
El mecanismo ideado originalmente por el vicegobernador Juan Manzur no prevé adhesión alguna de los comisionados, ya que es de carácter obligatorio. Esta vigente desde este mes, y rige con los valores actualizados sobre la cotización de los inmuebles, lo que motivó quejas de propietarios. En el mismo instrumento, se habilitó a los municipios a que deleguen esa facultad a la DGR, luego de que los autoricen los Concejos Deliberantes.
La norma fue sancionada el 6 de diciembre de 2007 con el voto unánime del oficialismo, al que acompañó Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista). A instancias del alperovichista José Alberto Cúneo Vergés, el texto de Manzur tuvo una modificación trascendente: en el artículo 4 se dispuso que el 100% de los fondos efectivamente recaudados debían ser transferidos de inmediato a las respectivas comunas, sin ninguna clase de deducción. De este modo se sortearon las críticas de la oposición y se logró el respaldo del laborismo.
Este diseño está a punto de quedar en el pasado. El 19 de diciembre, el gobernador José Alperovich dictó (con el aval de sus ministros) el DNU 22/1, por el cual se anula la remisión automática y sin descuentos a las comunas de todo lo percibido. Si bien ingresó a la Cámara al día siguiente, los legisladores consultados por LA GACETA aseguraron que ignoraban su existencia. De seguir el silencio parlamentario, la norma entrará en vigencia el miércoles 23.

Fundamentos oficiales
En la fundamentación del DNU, Alperovich aseguró que la transferencia inmediata se contradice con otras leyes que facultan a la Provincia a cobrarse las deudas que mantienen comunas y municipios.
"Esta disposición se contrapone con el espíritu que la Legislatura, en acompañamiento de las acciones y emprendimientos que lleva a caso el PE en el interior -a través de la ejecución de diversas obras públicas- brinda con el tratamiento de proyectos en los que faculta al PE a efectuar retenciones sobre los montos pertinentes de impuestos coparticipables y/o de cualquier otro recurso de libre disponibilidad que deban percibir estos organismos, para reintegrar al Tesoro Provincial los montos correspondientes en concepto de préstamos y/o anticipos financieros reintegrables", se afirma en la justificación de la decisión de suprimir el artículo 4 de la ley 7.959.