Los funcionarios piden precisión a la Corte Suprema

Entre los funcionarios judiciales hay inquietud. No obstante, son optimistas en cuanto a que a ellos también les facilitarán los trámites para que puedan liquidar la deuda con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) -por diferencias de aportes previsionales adeudados-, de manera tal que puedan jubilarse con el beneficio del 82% móvil.
Tras la reunión que ayer mantuvo la comisión directiva del centro que los agrupa, el presidente de esta, Roque Medina, fijó la posición del sector. "Solicitaremos una audiencia con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (Antonio Gandur), para que nos aclare cuál es nuestra situación. Sin embargo, no dudamos de que también los funcionarios tendrán la posibilidad de ser beneficiados con la misma operatoria que los magistrados", afirmó el dirigente a LA GACETA.
El problema surgió porque, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo habilitó una línea de crédito de $ 3 millones para que los jueces que inicien los trámites jubilatorios hasta el 28 de marzo puedan acceder a préstamos personales blandos de hasta diez años de plazo de devolución. Por medio de estos, podrán cancelar diferencias, requisito ineludible exigido por la Anses. A los funcionarios los entusiasma, en cambio, que el artículo 3 del mencionado decreto faculte a la Secretaría de Hacienda a efectuar las adecuaciones y creaciones de partidas necesarias, para -entienden algunos- ampliar eventualmente la operatoria.

Idas y vueltas
Las diferencias que magistrados y funcionarios deben cubrir surgen porque, en julio de 1996, la Provincia transfirió a la Nación el sistema previsional. Desde entonces, cada vez que se producía un retiro, los haberes de quienes se jubilaban quedaban sujetos a un tope (rondaba los $ 3.100 para los jueces). Con tal fin, quienes estaban en actividad aportaban en carácter previsional el 7% (si estaban en el sistema de capitalización) o el 11% (si estaban en el sistema estatal o de reparto) tomando como base la suma tope, que variaba según la jerarquía del cargo.
En 2006, el gobernador José Alperovich y el ex presidente Néstor Kirchner suscribieron un acta que posibilita que los magistrados y determinados funcionarios judiciales pudieran acogerse a la Ley 24.018 (garantiza el 82% móvil en vez de un tope fijo), de la que gozan los jueces federales.