"Diferir el pago dará claridad al proceso"

En menos de 40 minutos, los legisladores alperovichistas sancionaron la modificación del sistema de pago de los bonos profesionales de los abogados. En la sesión del jueves, sólo José Cano (UCR), Ricardo Bussi (FR), Esteban Jerez (Ciudadanos contra la Corrupción) y Osvaldo Cirnigliaro (Partido Laborista) votaron en contra de la iniciativa oficial.
El debate de ese proyecto comenzó con los argumentos de la legisladora Carolina Vargas Aignasse (PJ). Hizo alusión a una encuesta que realizó el Colegio de Abogados entre unos 300 profesionales del derecho respecto del funcionamiento del fuero de Familia y Sucesión.
La legisladora, que a la vez es abogada, recordó uno de los interrogantes de esa encuesta: ¿considera que, para no entorpecer el proceso, debería exigirse sólo el mínimo de Tasa de Justicia y de ley 6.059, esperando a la reposición de la sentencia?, ese interrogante tuvo el mayor nivel de respuesta afirmativa global. "Es decir que los propios abogados creen que diferir el pago de la patente profesional al momento de dictada la sentencia dará mayor claridad a los procesos judiciales -dijo Vargas Aignasse-; quizás nos estamos adelantando a satisfacer un planteo que seguramente nos iba a hacer el Colegio de Abogados, haciendo uso de la opinión vertida en esa encuesta", dijo. La legisladora resaltó que los cambios permitirán el acceso de todos los ciudadanos a los beneficios de la Justicia. Carlos Canevaro también adhirió al criterio de Vargas Aignasse y destacó que la iniciativa no implica ningún perjuicio contra el Colegio de Abogados.Por su parte, los legisladores opositores advirtieron que con el pago de los bonos profesionales se sostiene el funcionamiento de esa institución. "No disfracemos esto, porque se trata de una vendetta política contra el Colegio de abogados", afirmó Cano.
Jerez, en tanto, denunció que se trata de "un ataque", que pretende desfinanciar al Colegio. Bussi también cargó contra el Gobierno. "Esto se encuadra en el vamos por todo", denunció. Cirnigliaro recordó que otrora desde el PE se dijo que los abogados pertenecen a una mafia que saca presos por $ 300. "Cuando se usan las leyes para agraviar a los administrados y penalizar a toda una profesión es un abuso de poder", planteó.