Se resta la capacidad adquisitiva del salario

Era previsible que, tras las elecciones presidenciales, tanto a nivel nacional como provincial, se sucedan los incrementos en las tarifas de los servicios públicos privatizados. Lo que no estaba dentro de las proyecciones hogareñas era un aumento de la presión fiscal, con el “impuestazo inmobiliario, que en definitiva, tiene mayor incidencia en los propietarios de casas de menores recursos”, según la opinión del economista Eduardo Robinson. Si bien la mayor parte de la población asalariada tiene su cabeza apuntando más hacia las playas o hacia las sierras, el experto considera que también debe estar orientada hacia el ajuste en el consumo privado que, tarde o temprano, se dará por efecto de una inflación real elevada. Ese es el escenario para el primer cuatrimestre del año, después del verano.
Robinson cree que el Gobierno apeló a los reajustes impositivos como una manera de recuperar la solvencia fiscal, tras un año electoral donde se afianzó el incremento del gasto público. La contracara de esa política, señala el economista, es que a la sociedad le resta la capacidad adquisitiva del salario, debilitando de esa manera el consumo de una familia tipo.
¿Qué es lo que puede pasar con la economía hogareña frente a un panorama de fuertes reajustes tarifarios e inmobiliarios y otras obligaciones ineludibles para la subsistencia familiar? El economista explica a LA GACETA que estas medidas oficiales obligarán a que muchas familias restrinjan su consumo en bienes suntuarios. En otras palabras, habrá poco margen para gastar en salidas a restaurantes y bares o compartir con la familia algunos espectáculos (deportes, teatro, cines y otras salidas de recreación). “Se viene un tiempo de mayor austeridad en el gasto doméstico en general”, avizora Robinson.