La Procuración del Tesoro de la Nación solicitó al Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (Ciadi) la anulación del laudo arbitral -del 20 de agosto- que estableció que Argentina debe pagar a la compañía Aguas del Aconquija una indemnización de U$S 170 millones -incluyendo intereses- por la rescisión del contrato para la provisión del servicio de agua potable y cloacas en Tucumán. Así lo adelantó ayer a LA GACETA el fiscal de Estado, Francisco Sassi Colombres.
El Estado nacional también pidió la suspensión de la ejecución del laudo para evitar que Aguas del Aconquija y Vivendi -pese a haber intimado el pago al país- puedan iniciar el cobro de ese monto hasta que se sustancie y se decida el pedido de anulación. "La solicitud fue registrada formalmente por la secretaría general del Ciadi el miércoles, y ha sido notificada a las partes la suspensión de la ejecutoriedad del laudo", indicó.
Los argumentos que usó la Procuración del Tesoro se enmarcan en las causales admitidas por el reglamento del Ciadi para anular un laudo arbitral, poniendo énfasis en que el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades, que hubo quebrantamientos graves de normas fundamentales y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda.
Según Sassi Colombres, Argentina sostiene como causal de anulación la existencia de un grave conflicto de intereses de uno de los árbitros que integró el tribunal y fundadas dudas sobre su imparcialidad, a causa de su vinculación a una compañía que es accionista del Grupo Vivendi Universal. Sería la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler. Los otros dos jueces fueron el canadiense William Rowley (presidente) y el mexicano Carlos Bernal Verea.
Frente a esta instancia, la secretaría general del Ciadi debe solicitar de inmediato al presidente del comité administrativo que nombre un comité ad hoc de tres miembros para decidir sobre la anulación.
En ese caso, la Nación y la compañía Aguas del Aconquija deben tomar parte de un proceso ante el comité ad hoc para defender sus posiciones, "lo que podría tomar una parte considerable de 2008", apuntó el fiscal de Estado. Especificó que si el laudo fuera anulado y la empresa insistiera en su pretensión, debería iniciar nuevamente su demanda ante el Ciadi.
El Estado nacional también pidió la suspensión de la ejecución del laudo para evitar que Aguas del Aconquija y Vivendi -pese a haber intimado el pago al país- puedan iniciar el cobro de ese monto hasta que se sustancie y se decida el pedido de anulación. "La solicitud fue registrada formalmente por la secretaría general del Ciadi el miércoles, y ha sido notificada a las partes la suspensión de la ejecutoriedad del laudo", indicó.
Los argumentos que usó la Procuración del Tesoro se enmarcan en las causales admitidas por el reglamento del Ciadi para anular un laudo arbitral, poniendo énfasis en que el tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades, que hubo quebrantamientos graves de normas fundamentales y que no se expresaron en el laudo los motivos en que se funda.
Según Sassi Colombres, Argentina sostiene como causal de anulación la existencia de un grave conflicto de intereses de uno de los árbitros que integró el tribunal y fundadas dudas sobre su imparcialidad, a causa de su vinculación a una compañía que es accionista del Grupo Vivendi Universal. Sería la suiza Gabrielle Kaufmman-Kohler. Los otros dos jueces fueron el canadiense William Rowley (presidente) y el mexicano Carlos Bernal Verea.
Frente a esta instancia, la secretaría general del Ciadi debe solicitar de inmediato al presidente del comité administrativo que nombre un comité ad hoc de tres miembros para decidir sobre la anulación.
En ese caso, la Nación y la compañía Aguas del Aconquija deben tomar parte de un proceso ante el comité ad hoc para defender sus posiciones, "lo que podría tomar una parte considerable de 2008", apuntó el fiscal de Estado. Especificó que si el laudo fuera anulado y la empresa insistiera en su pretensión, debería iniciar nuevamente su demanda ante el Ciadi.
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