Vuelve a fojas cero la causa contra Orellana

La causa contra el actual intendente de Famaillá, Juan Enrique Orellana, por supuesta contaminación ambiental durante su anterior gestión municipal (1999-2003), volverá prácticamente a fojas cero, a la etapa de instrucción. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal ayer le dio la razón a la defensa del justicialista, que había pedido que sea declarada la nulidad de todos los actos procesales cumplidos a partir del 29 de junio de 2003, cuando Orellana fue elegido legislador para el período 2003-2007.
Los vocales Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Alicia Noli hicieron lugar al planteo del abogado Nicolás Pedro Brito y ordenaron que las actuaciones -ya habían sido elevadas a juicio oral- fueran remitidas a Mario Racedo, a cargo del juzgado federal Nº 2, para que desarrolle la investigación sólo en relación con Orellana. En cambio, en relación con el otro imputado, Miguel Antonio Robledo (ex secretario de Obras y Servicios Públicos), el tribunal dispuso que continúe adelante -en forma separada- el juicio en su contra.
Brito siempre sostuvo la tesis de que, como desde el 29 de junio de 2003 Orellana gozaba de fueros, él debió ser sometido a una investigación jurisdiccional (debe practicarla un magistrado) y, llegado el caso, para citarlo a prestar declaración indagatoria, correspondía privarlo previamente de sus prerrogativas constitucionales, según la normativa constitucional y procesal vigente en Tucumán.
En el mismo sentido, el tribunal determinó que, en materia de privilegios, debe respetarse lo consagrado por cada provincia respecto de sus gobernadores, parlamentarios y jueces dentro de sus territorios. "Surge evidente que ha quedado definitivamente determinada la normativa que es aplicable al caso y que no es otra que la legislación que rige en Tucumán respecto de la inmunidad de los legisladores provinciales", aclararon.
Luego, los magistrados se plantearon si la normativa provincial había sido respetada cuando Orellana fue citado a prestar declaración indagatoria siendo legislador (y sin previamente haber sido desaforado) y concluyeron que no, porque, en cambio, se había seguido lo dispuesto por el Código Procesal Penal de la Nación. "Si el sumario se instruyó conforme lo prescripto por este digesto, ello implica que se omitió dar cumplimiento a la normativa procesal constitucional que expresamente regula el proceder cuando se trata del juzgamiento de legisladores provinciales", destacaron.

Otra polémica en puerta
Los vocales aclararon que, a primera vista, pareciera no haber hasta el momento ninguna afectación ni perjuicio concreto contra el derecho de defensa en juicio de Orellana. "Este no sólo participó de los actos procesales sin reserva alguna, sino también, en cierta medida, contribuyó al no haber efectuado advertencia respecto de su calidad de legislador electo ni en el acto de la declaración indagatoria ni en las presentaciones posteriores", expresaron.
No obstante, los miembros del tribunal mitigaron la afirmación por entender que en la no observación de lo previsto por la provincia en materia de privilegios estaban en juego no sólo principios de jerarquía constitucional, sino también las bases sobre las que descansan la independencia de poderes y el sistema representativo, republicano y federal. "De allí, entonces, que la inmunidad no sea una privilegio de las personas que ejercen la representación del pueblo, sino una protección de la institución a la cual pertenecen", recalcaron.