El único intendente del interior que está enrolado en la oposición es Luis González (UCR), que administra la ciudad de Simoca. También es el único que ayer no fue invitado a la cena que ofreció el gobernador, José Alperovich. "No fue para mí la invitación. Me hablaron desde la Casa de Gobierno y tuvieron el buen gesto de decirme que no era para mí la invitación, que en otro momento me reuniría con el gobernador", explicó anoche González. Mientras tanto, el resto de los intendentes se preparaba para concurrir a la casona, ubicada en Crisóstomo Alvarez al 4.400.
El jefe municipal simoqueño precisó que no se adherirá al Pacto Social en cuanto a la asistencia financiera para sueldos. Sin embargo, aclaró que respecto de la ayuda económica para obras públicas todavía no ha tomado una decisión final. "Podría ser; en tanto y en cuanto no nos afecte el buen servicio y la administración hacia el futuro", resaltó.
El resto de los intendentes (18) asistió anoche al domicilio privado de Alperovich, donde el anfitrión ofreció un asado antes de anunciar la distribución de los fondos públicos. Hasta ahora, serían sólo cinco los municipios que no se incorporarían al convenio con la Provincia (Las Talitas, Burruyacu, Graneros, Trancas, La Cocha).
Es decir que a los 12 municipios que ya figuraban en el acuerdo social se incorporarían otros dos: Aguilares y Simoca. De este modo, la grilla de adhesión se completaría con capital, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Concepción, Monteros, Bella Vista, Lules, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, Tafí del Valle, Yerba Buena y Alderetes.
En el caso de Trancas, el intendente Enrique Bethencourt (PJ), anunció que iba a participar en la cena con el mandatario, pero que no adherirá al Pacto Social. "Seguiremos así", respondió ayer al ser consultado por LA GACETA.
Mayor control
A partir de la firma del acuerdo, los intendentes tendrán garantizado el pago de los sueldos durante 2008. Por el acuerdo, el PE destinará $ 625 millones para salarios y para obras en la capital y en las ciudades del interior. Esta vez, la particularidad será que el Gobierno liberará las partidas de fondos de acuerdo a las obras proyectadas y no en forma global, como ocurrió hasta ahora.
El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, resaltó que el convenio permitirá mantener la paz social a través del pago en tiempo y forma de los sueldos, y de la concreción de obras y de mejores servicios públicos en las jurisdicciones municipales.
El Pacto Social será aprobado por la Legislatura en la sesión del jueves; luego el Poder Ejecutivo promulgará la ley y, más tarde, debe ser ratificado por los respectivos Concejos Deliberantes.
El jefe municipal simoqueño precisó que no se adherirá al Pacto Social en cuanto a la asistencia financiera para sueldos. Sin embargo, aclaró que respecto de la ayuda económica para obras públicas todavía no ha tomado una decisión final. "Podría ser; en tanto y en cuanto no nos afecte el buen servicio y la administración hacia el futuro", resaltó.
El resto de los intendentes (18) asistió anoche al domicilio privado de Alperovich, donde el anfitrión ofreció un asado antes de anunciar la distribución de los fondos públicos. Hasta ahora, serían sólo cinco los municipios que no se incorporarían al convenio con la Provincia (Las Talitas, Burruyacu, Graneros, Trancas, La Cocha).
Es decir que a los 12 municipios que ya figuraban en el acuerdo social se incorporarían otros dos: Aguilares y Simoca. De este modo, la grilla de adhesión se completaría con capital, Banda del Río Salí, Tafí Viejo, Concepción, Monteros, Bella Vista, Lules, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, Tafí del Valle, Yerba Buena y Alderetes.
En el caso de Trancas, el intendente Enrique Bethencourt (PJ), anunció que iba a participar en la cena con el mandatario, pero que no adherirá al Pacto Social. "Seguiremos así", respondió ayer al ser consultado por LA GACETA.
Mayor control
A partir de la firma del acuerdo, los intendentes tendrán garantizado el pago de los sueldos durante 2008. Por el acuerdo, el PE destinará $ 625 millones para salarios y para obras en la capital y en las ciudades del interior. Esta vez, la particularidad será que el Gobierno liberará las partidas de fondos de acuerdo a las obras proyectadas y no en forma global, como ocurrió hasta ahora.
El ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, resaltó que el convenio permitirá mantener la paz social a través del pago en tiempo y forma de los sueldos, y de la concreción de obras y de mejores servicios públicos en las jurisdicciones municipales.
El Pacto Social será aprobado por la Legislatura en la sesión del jueves; luego el Poder Ejecutivo promulgará la ley y, más tarde, debe ser ratificado por los respectivos Concejos Deliberantes.
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