Regirá hasta 2009 la emergencia económica local

La Legislatura sancionará, el próximo jueves, la renovación de la emergencia económica y financiera del Estado. Si bien esta situación de excepción viene dándose consecutivamente desde la intervención federal, en 1991, habrá una novedad en la ley que avalará el parlamento esta semana respecto de la que aprobó a principios de este mismo año. Concretamente, consiste en que la medida no será dictada por un año sino por dos.
Durante ese lapso, continuarán siendo inembargables la totalidad de los recursos de la Provincia, de las municipalidades y de las comunas rurales. A los efectos prácticos, esto significa que el Estado no paga en efectivo los juicios con sentencia desfavorable, sino que los abona con títulos de consolidación de la deuda pública (Consadep).
"Esto demuestra que no se trata ni de un autoperdón ni de una coraza, porque el Estado sigue pagando", sostuvo el presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Tobías Alvarez, autor de la iniciativa, junto con Alfredo César Quinteros y Regino Amado, entre otros. "Estamos dándole al Estado herramientas para que se gobierne de manera previsora, como ocurrió con el Presupuesto Plurianual", manifestó el peronista.
La norma que rige actualmente es la 7.862, sancionada el 26 de diciembre de 2006 y promulgada el 8 de enero pasado. Esa norma mantiene la emergencia económica y financiera de la provincia, los municipios y las comunas hasta el próximo lunes 31. Las condiciones de estas excepciones se encuentran en dos leyes cuyo contenido fue prorrogado para este año. Esta semana será prolongado hasta 2009.
La primera es la 6.866, que fija para municipios y comunas, además de la inembargabilidad mencionada, la suspensión de la los juicios en trámite de ejecución de sentencia judicial y actos administrativos. Data de diciembre de 1997 y fue promulgada por el entonces gobernador, Antonio Bussi.
La segunda, que marca las pautas para el caso de la Provincia, es la 6.987, de noviembre de 1999. Fue promulgada por el hoy legislador Sisto Terán, entonces vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, y por el entonces ministro de Economía, el hoy gobernador José Alperovich. Esa norma consolidaba como deuda las obligaciones vencidas del Estado, pero exceptuaba de esa situación (y, por ende, permitía el pago con moneda nacional en los términos que se hubieran pactado) a los compromisos de la Caja Popular de Ahorros, derivados de su actividad comercial o financiera, así como los provenientes de la gestión pública con fondos específicos nacionales asignados a su pago. También quedaban fuera del alcance de la emergencia los proveedores del Estado a quienes se les hubieran efectuado contrataciones o compras directas.
Esa ley también suspende la ejecución de sentencias, actos administrativos, acuerdos transaccionales y laudos arbitrales referidos a las obligaciones alcanzadas por la consolidación establecida.