"Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas"

Punto de vista. Por Mónica Iturburu - Investigadora y docente en temas de Gestión Pública Local (Universidad Nacional del Centro de Buenos Aires).

16 Diciembre 2007
En 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentó un principio que exhibe con crudeza cuanto de aspiración tiene, por el momento, la prescripción de reconocimiento de la autonomía municipal contenida en la Constitución Nacional de 1994: las Provincias tienen la obligación de asegurarla, pero son quienes determinan su "alcance y contenido".
Por ello, la discusión medular pasa por el reparto de competencias y recursos entre los niveles de gobierno. La mayoría de los fallos hace referencia a las competencias delegadas, las retenidas, o las concurrentes. Pero los límites son cada vez más difusos por las mareas y las contramareas de la opinión pública y de los medios, porque la ciudadanía espera cada vez más funciones del municipio y porque la tendencia marca una mayor coordinación. Ya no se observa una "torta de tres pisos" con límites definidos entre las competencias de cada nivel de gobierno, sino una "torta marmolada" en la que interactúan -no sin sucesivos conflictos-, los tres niveles.
Lo preocupante es que el grado de autonomía municipal que reconoce la Justicia argentina parece estar signado por dos postulados.
El primero, que existe concurrencia para el ejercicio del poder de policía cuando el servicio público se encuentra regulado por otra instancia estadual. Y segundo, que existe suficiente fuente constitucional y legal para reconocer las competencias locales, pero siempre que estas no se opongan ni obstaculicen o resulten claramente incompatibles con las de otros poderes del gobierno.
Si a esto se suma que la participación municipal en el gasto público total argentino apenas supera el 8%, es aplicable la copla de Atahualpa Yupanqui: "las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas". Esto es así porque se restringe por varias vías el acceso a los recursos, pero existe la potestad concurrente en el contralor -que implica compartir la responsabilidad política ante la falta de control, algo particularmente sensible en la Argentina post tragedia en el boliche República de Cromagnon- aunque también podría ser en el desempleo, la inseguridad, los sectores excluidos del sistema o la falta de alternativas para los jóvenes.
En este marco, existe poco incentivo para que los Gobiernos provinciales que aún no han reconocido la autonomía municipal modifiquen el status quo. Pareciera que la advertencia del pensador Juan Bautista Alberdi hubiese sido escrita para estos días. "La Constitución que da facultades y atribuciones a los cabildos, y no les da los medios para ponerlas en ejecución, mistifica y burla a los vecinos, levanta un ejército al cual arma con sables de palo, crea un poder en el nombre y una impotencia en la realidad", supo escribir el tucumano.

Comentarios