La autonomía de los municipios está en jaque

Una de las tareas más difíciles con que se topa un padre es comprender qué implica el concepto de libertad en la educación de un hijo. Nadie duda respecto de la importancia de ir dotando de independencia al niño en su crecimiento, pero la mayoría choca con miedos que llevan a impulsos característicos: sobreprotección, exceso de disciplina y necesidad de digitar y conocer cada paso que da. Cuanto esto ocurre, el infante pierde cada vez más la habilidad de dominar la vida por sí mismo. "Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir", canta Joan Manuel Serrat en su clásico "Esos locos bajitos".
La relación entre un padre y un hijo guarda tantas semejanzas con la que establecen gobernadores e intendentes que la comparación no resulta caprichosa. El concepto de autonomía municipal en el país y, con mayor énfasis, en Tucumán, está tan declamado como vapuleado por los dirigentes de turno. Fue, inclusive, uno de los argumentos esgrimidos por el oficialismo al momento de justificar la necesidad de reformar la Constitución provincial de 1990. La autonomía reclamada -remarcaron-, aseguraría una mayor inmediatez entre gobernantes y gobernados.

Expresión de anhelo
Pues bien, el paso del tiempo muestra que la Carta Magna sancionada en 2006 ya cumplió 18 meses de vigencia, pero muy poco tiene para mostrar respecto de esos preceptos constitucionales que garantizaron la libertad de acción de los intendentes. Los hechos hablan por sí solos. En 15 días vencerá un plazo constitucional para que puedan hacerse operativas las disposiciones que consagran la tan promocionada autonomía municipal. En efecto, según el artículo 132 del texto magno, los gobiernos locales podrán dictar sus cartas orgánicas a partir de una ley emanada del Poder Legislativo hasta el 31 de este mes (artículo 165).
A juzgar por los temas que ocupan el debate de los legisladores en este momento, puede concluirse que la Legislatura va derecho a ingresar en una mora constitucional. Mora que, al ser contextualizada, pierde cualquier indicio de casualidad. A saber; un gobernador que está próximo a firmar un convenio que impone un corsé, por sexto año consecutivo, a los intendentes (mediante el Pacto para el Crecimiento, los municipios ceden su coparticipación a cambio de financiamiento para obras y pago de sueldos). Un Poder Ejecutivo que invita a los jefes municipales a ceder el cobro de sus tributos a la Dirección de Rentas de la Provincia. Y un mandatario que reconoce en público haber dado órdenes a un intendente y a los ediles para que deroguen ordenanzas que, a su criterio, irritan a la sociedad.
No es de extrañar, entonces, que la Provincia marche a contrapelo de la tendencia mundial que busca fortalecer los gobiernos locales, considerados las primeras células de la democracia. En efecto, los expertos sostienen que las municipalidades son el nivel de gobierno mejor preparado para percibir los problemas y las necesidades de los ciudadanos. Para ello, la mayoría de los países europeos ha habilitado mecanismos que permiten una mejor participación y control ciudadano en la cuestión pública. Una forma de avanzar a paso firme hacia ese modelo constituiría, por ejemplo, el dictado del instrumento legislativo que permitiera a los intendentes convocar a elecciones para la conformación de convenciones locales, de las que surgiría la carta orgánica que regularía la vida de cada comarca.
Pero esto, sin dudas, terminaría por limitar el poder que ejerce el poder central sobre el accionar de los municipios y, por ende, podría significar el final de un modelo político de sometimiento. De nuevo, parafraseando al catalán Serrat, nadie puede impedir que las agujas del reloj avancen. "Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que, por su bien, (dicen) que hay que domesticar".


1 - El problema de la basura: en octubre de 2004, el gobernador anunció el cierre del vaciadero de Los Vázquez y dispuso que la basura fuera depositada en Pacará Pintado. Amaya había comprado un terreno en Los Pocitos.

2 - Idas y vueltas por el control de taxis y remises: en abril de 2006, Alperovich dio instrucciones para la unificación del servicio (Sutrappa). En su propio domicilio, hubo reuniones con los concejales y con los choferes de taxis y remises.

3 - Disputas por las tragamonedas: en noviembre de ese año, apenas regresó de Chile, el mandatario ordenó a los ediles que el tributo por las maquinitas se mantenga en $ 700 mensuales. El intendente Amaya quería bajarlo a $ 100.

4 - El desalojo de los vendedores ambulantes: la venta ambulante generó más de una discusión. En principio iba a efectuarse antes de las Fiestas de fin de año de 2006, pero Alperovich decidió postergarla hasta enero del corriente año.

5 - La demolición del ex Mercado de Abasto: el gobernador acordó con el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, la construcción de un shopping en el tradicional predio. La demolición del inmueble fue aprobada por los concejales.

6 - La reactivación de un proyecto comercial: Alperovich gestionó la instalación del hipermercado Carrefour. Para ello, ediles oficialistas habilitaron una excepción al código urbano y eliminaron la obligación de la firma de ampliar un puente.

7 - No se cobrará el tributo por mejoras en los barrios: a principios de mes, Amaya intimó a los vecinos a pagar un tributo por la realización de obras de pavimento. Desde Buenos Aires, Alperovich ordenó que se derogue la polémica ordenanza.