El oficialismo quiere cambiar el Activo por Activo

La manzana donde actualmente funciona la Secretaría de Educación, limitada por las avenidas Sarmiento y Salta y las calles Santa Fe y Junín, se transformará en un nuevo complejo comercial y habitacional. El edificio de la Dirección Provincial de Rentas será un shopping. De la ex Brigada de Investigaciones de la Policía (cita en Muñecas y avenida Sarmiento) sólo quedará su fachada, porque allí se construirá el recinto de sesiones de la Legislatura.
El punto en común de estas propuestas es que todos esos inmuebles están protegidos en la ley del Activo por Activo. Su desafectación y cambio de destino y uso formaría parte de la sesión legislativa programada para el jueves, según deslizaron a LA GACETA miembros del oficialismo y de la oposición, pero el proyecto aún no tiene estado parlamentario. Este debate se presenta el último antes del receso de verano. De este modo, pierde fuerza que haya un nuevo llamado el 27, como pretendían algunos oficialistas para sancionar los temas socialmente más conflictivos.
Para la mudanza de Educación se estudia reacondicionar el galpón donde está la Dirección de Bomberos (25 de Mayo al 1.000); de ser autorizado el cambio, se venderá la manzana para que se demuela el viejo edificio y se levante una galería de negocios, con viviendas. En el caso de Rentas, en tanto, está en la última etapa la adecuación del inmueble de 24 de Setiembre al 900 (al lado de la AFIP) para el traslado.  La ex Brigada, a su vez, está en manos parlamentarias desde hace años y funcionan oficinas administrativas.
El régimen Activo por Activo (llamado técnicamente “Sistema alternativo de pago de infraestructura pública”) fue creado por ley 7.142, en junio de 2001, durante la gobernación de Julio Miranda, y en momentos en que José Alperovich estaba al frente del Ministerio de Economía. El marco original determinaba que ciertos edificios con valor económico, arquitectónico o histórico de la Provincia estaban exceptuados de la operatoria general de venta o canje con particulares interesados, quienes podían ofertar dinero para integrar fondos con afectación especial; bienes muebles o inmuebles, u obras públicas concretadas mediante préstamos de entidades financieras.
La Legislatura mantenía control de la aplicación de la ley con la exigencia de avalar cada operación. Sin embargo, no existió ninguna oferta por el centenar de propiedades que quedaron habilitadas para la transferencia durante ese período de Gobierno.
En mayo de 2004, en el primer mandato de Alperovich al frente del Poder Ejecutivo, el oficialismo sancionó un polémico cambio al sistema vigente mediante la ley 7.379, por la cual se anuló la obligación de solicitar autorización expresa de la Legislatura antes de cada venta o canje, y se incorporaron al régimen varias propiedades que estaban excluídas. En ese momento hubo importantes movilizaciones organizadas por asociaciones civiles englobadas en lo que se llamó Coordinadora en Defensa del Patrimonio e incluso hubo denuncias a organismos internacionales.
En la norma aprobada durante la vicegobernación de Fernando Juri se crearon los fondos fiduciarios “Para el crecimiento” y “Anticrisis”, administrados por la Caja Popular de Ahorros, y se estableció que lo recaudado iba a ser destinado al mejoramiento y ampliación de la ruta 314; a la emergencia habitacional y de seguridad y al amoblamiento de escuelas.