Con la velocidad de un rayo, los concejales oficialistas de Yerba Buena derogaron ayer una ordenanza que establecía la obligación de la intendencia de enviar al Concejo Deliberante toda la documentación sobre emprendimientos urbanísticos que superen los 2.500 metros cuadrados.
Todo fue tan rápido que no hubo debate; tampoco se permitió que los ediles que estaban en contra argumentaran sus razones. Se leyó el texto del proyecto de derogación y, de inmediato, se votó. El resultado fue cinco votos a favor y cuatro en contra. Ofuscado, el concejal José Domián (Partido Laborista) se retiró del recinto porque no le permitieron hablar. “Estaba todo cocinado. Llegaron con el dictamen escrito y firmado; se votó y listo”, explicó después de la sesión. “Me avergüenzo de pertenecer a este Concejo Deliberante”, agregó Domián.
El edil advirtió que se ha cercenado la capacidad de opinar que tenía el Concejo Deliberante respecto de las grandes obras que han desvirtuado la vida tranquila de Yerba Buena -dijo-, que se caracteriza por el contacto con la naturaleza. “En adelante, los amigos del poder van a arrasar con el poco bosque que queda al pie del cerro, con obras faraónicas, que son grandes negociados entre las que figuran torres de cinco pisos, hoteles de cuatro estrellas y nuevos centros comerciales”, denunció.
El titular del cuerpo, Ricardo Salomón (PJ), había votado a favor de la ordenanza cuando se creó en julio de 2004. Sin embargo, ayer el edil cambió de actitud al impulsar la anulación de la ordenanza. “La finalidad de la derogación es evitar que esta institución (en referencia al Concejo Deliberante) sea considerada poco transparente en su accionar, ya que someter a consideración del cuerpo la documentación técnica ya aprobada por la Municipalidad y a la cual no es posible aprobar ni rechazar, resulta un trámite innecesario y burocrático, de poca practicidad para la comunidad”, explicó a través de un comunicado.
Salomón contó con el apoyo de los concejales Carlos Sánchez, Patricia Carreras, Leonardo Tusa y Walter Martín Ción. En tanto que por el rechazo, además de Domián, votaron José Marrades, María Victoria Cossio y Roberto Terán.
El edil Lucas Carrizo, que en 2004 votó a favor de la ordenanza, ayer no asistió a la sesión.
Todo fue tan rápido que no hubo debate; tampoco se permitió que los ediles que estaban en contra argumentaran sus razones. Se leyó el texto del proyecto de derogación y, de inmediato, se votó. El resultado fue cinco votos a favor y cuatro en contra. Ofuscado, el concejal José Domián (Partido Laborista) se retiró del recinto porque no le permitieron hablar. “Estaba todo cocinado. Llegaron con el dictamen escrito y firmado; se votó y listo”, explicó después de la sesión. “Me avergüenzo de pertenecer a este Concejo Deliberante”, agregó Domián.
El edil advirtió que se ha cercenado la capacidad de opinar que tenía el Concejo Deliberante respecto de las grandes obras que han desvirtuado la vida tranquila de Yerba Buena -dijo-, que se caracteriza por el contacto con la naturaleza. “En adelante, los amigos del poder van a arrasar con el poco bosque que queda al pie del cerro, con obras faraónicas, que son grandes negociados entre las que figuran torres de cinco pisos, hoteles de cuatro estrellas y nuevos centros comerciales”, denunció.
El titular del cuerpo, Ricardo Salomón (PJ), había votado a favor de la ordenanza cuando se creó en julio de 2004. Sin embargo, ayer el edil cambió de actitud al impulsar la anulación de la ordenanza. “La finalidad de la derogación es evitar que esta institución (en referencia al Concejo Deliberante) sea considerada poco transparente en su accionar, ya que someter a consideración del cuerpo la documentación técnica ya aprobada por la Municipalidad y a la cual no es posible aprobar ni rechazar, resulta un trámite innecesario y burocrático, de poca practicidad para la comunidad”, explicó a través de un comunicado.
Salomón contó con el apoyo de los concejales Carlos Sánchez, Patricia Carreras, Leonardo Tusa y Walter Martín Ción. En tanto que por el rechazo, además de Domián, votaron José Marrades, María Victoria Cossio y Roberto Terán.
El edil Lucas Carrizo, que en 2004 votó a favor de la ordenanza, ayer no asistió a la sesión.
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