España ofrece la nacionalidad a más de 400.000 argentinos

BUENOS AIRES.- El Poder Legislativo de Madrid aprobó definitivamente la denominada Ley de Memoria Histórica, que amplía el universo de descendientes que pueden solicitar su pasaporte de la Unión Europea. Más de 400.000 argentinos podrán acceder a la nacionalidad española, en virtud de que la Ley de Memoria Histórica aprobada finalmente por el Senado amplía el acceso a la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes y exiliados, la mayoría de los cuales reside en la Argentina. Las autoridades españolas estiman que la norma permitirá que más de un millón de personas acceda a la nacionalidad española. De esa cifra, más de 400.000 son nacidos en la Argentina.

La espera
De todos modos, el beneficio no será inmediato: los trámites para solicitar la nueva nacionalidad recién podrán comenzar a efectuarse un año después de que la ley sea publicada en el Boletín Oficial de España. Este plazo para la puesta en vigencia de la norma tiene como objetivo que las sedes consulares de España en los países iberoamericanos, y especialmente en la Argentina, no colapse con la cantidad de solicitantes.
Es decir que los hijos y nietos de españoles nacidos en la Argentina que pretendan acceder al pasaporte de la Unión Europea deberán aguardar aproximadamente hasta diciembre de 2008 para concurrir a los consulados e interiorizarse del trámite. De todos modos, tampoco podrán demorarse demasiado, ya que según establece la ley, esta convocatoria a obtener la nacionalidad española sólo estará vigente durante dos años, con la posibilidad de que se prorrogue por un tercero.

El texto
La Ley de Memoria Histórica amplía la posibilidad de adquirir la nacionalidad española a los descendientes hasta primer grado -hijos- de quienes hubiesen sido originariamente españoles. Asimismo, el texto indica que se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes hasta segundo grado, de quienes hayan perdido la nacionalidad española por el exilio como consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) o de la dictadura franquista (1939-1975). Las bancadas del Partido Popular y de Esquerra Republicana de Catalunya votaron en contra del proyecto en el plenario del Senado. La ley supone una condena expresa del franquismo y prohíbe las manifestaciones políticas en el Valle de los Caídos. Asimismo, declara ilegítimos los tribunales, jurados y el resto de órganos penales y administrativos que se constituyeron durante la Guerra Civil para imponer condenas en juicios sumarios por cuestiones políticas, ideológicas o religiosas, pero no anula las sentencias franquistas. (Reuter)