La Constitución de 2006 prevé la posibilidad de que sea cobrada la tasa

El intendente, Domingo Amaya, echó mano del tributo conocido como contribución de mejoras para que 147 vecinos de Villa Luján aporten a la pavimentación de la calle San Juan, entre Juan Luis Nougués y avenida Ejército del Norte. Aunque la medida despertó numerosas críticas, incluida la del propio gobernador José Alperovich, que anunció que el Municipio dará marcha atrás, desde el punto de vista legal tal potestad está prevista por la Constitución provincial sancionada el año pasado.
La sección VII de la Carta Magna está dedicada en un capítulo único al régimen municipal. En él, el artículo 135 establece que los recursos de los municipios se formarán -entre otros- de la siguiente manera: “con las contribuciones por mejoras en razón del mayor valor de las propiedades, como consecuencia de la obra municipal” (inciso 5º).
En Curso de Finanzas, Derecho financiero y tributario, el catedrático Héctor Belisario Villegas explica la razón de ser de esta tasa. “El beneficio del obligado (léase del vecino, en este caso) proviene de una obra pública que, presuntamente, beneficia a dicho contribuyente al incrementar el valor de su o sus inmueble”, dice.
Como la obra en teoría beneficia al vecino, la obligación de pagar por parte de este nace desde que aquella es terminada. El problema radica, según Villegas, en el procedimiento previsto -por la norma que establece la tasa- para fijar el monto de la valorización. Por ello, el decreto 4.711 de Amaya consta de un anexo en el que se precisa el nombre del propietario, el domicilio y el importe que debe desembolsar.