La Provincia controlará el uso de fondos en las 93 comunas

Ni siquiera la llegada de los meses de verano permitirá relajarse a los 93 comisionados rurales. De manera formal, el Poder Ejecutivo ya les advirtió que deberán presentar el balance del primer bimestre de gestión hasta el 10 de enero, tal como lo establece la Ley Orgánica de Comunas Rurales. "El gobernador aspira a que todos los delegados presenten los balances en tiempo y forma", aseveró el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo.
Las palabras del funcionario guardan estrecha relación con el régimen de "tolerancia cero" que el gobernador, José Alperovich, anticipó que aplicará durante su segunda gestión con los administradores rurales. "Hay comunas que están funcionando muy bien en lo administrativo y en lo financiero; y hay otras que se empezaron a acomodar a la nueva política. Mientras ese cambio de actitud persista, no habrá necesidad de intervenir ninguna otra administración", dijo Jaldo, en referencia a eventuales sanciones. Cabe recordar que, a principio de noviembre, el PE dispuso la intervención de las comunas de Medinas y de Monte Bello por la emisión de cheques sin fondo.
Según el ministro, los monitoreos permanentes que efectúan en las comunas rurales llevan tranquilidad. "Están con las registraciones contables al día, por lo que no creo que haya inconvenientes en que los delegados presenten los balances antes de que finalice el plazo. Para eso, estamos capacitando a los secretarios habilitados con colaboración del Tribunal de Cuentas y, en algunos casos, dotándolos de computadoras para que vuelquen los datos", remarcó.
La elección del tope del 10 de enero no es casual. La Ley Orgánica de Comunas Rurales aclara que los comisionados deberán presentar ante el Ministerio del Interior el balance de los últimos dos meses dentro de los 10 días de vencido el bimestre. A la no presentación de tres balances (sean consecutivos o alternados), la norma faculta al Ejecutivo a intervenir una comuna.

Amnistía general
Las recientes modificaciones a la ley que rige el funcionamiento de las comunas, con actualizaciones a los valores autorizados para la realización de obras y contrataciones directas, pretenden fortalecer a los delegados comunales, según el ministro. El texto, además, prevé una suerte de amnistía a lo actuado por los comisionados durante la anterior gestión de Gobierno. En efecto, la norma sancionada quita un párrafo trascendental del artículo 27 bis de la Ley 7.350. De esta forma, el Tribunal de Cuentas podrá aprobar los gastos y las inversiones de las comunas sin contar con los instrumentos legales idóneos y con la sóla acreditación de la documentación sustentatoria evaluada
"A partir de ahora, para cada gasto, los comisionados rurales necesitarán de una autorización previa del Ministerio del Interior. No podrán gastar como quieran y luego buscar que lo convalidemos", justificó Jaldo.
En lo que referente al financiamiento de obras públicas, para las 93 comunas regirá el mismo sistema que para los municipios. Las 10 comunas más grandes (Cebil Redondo, El Manantial, San Pablo, Santa Ana y León Rougés, Ranchillos, Los Ralos, Colombres, Florida y Delfín Gallo) recibirán fondos por intermedio del Banco Macro. En total, serán $ 30 millones para pavimentación y para obras de electricidad y cordón cuneta. Las 83 delegaciones restantes firmarán con la Provincia el Fondo Fiduciario para obras, por un monto que oscilará los $ 60 millones. Para gestionar nuevos recursos, los comisionados rurales deberán rendir cuentas de lo concretado con el envío anterior ante el Ministerio del Interior.

Raúl Medardo Lescano resultó electo delegado rural de Amaicha del Valle en agosto y, antes de asumir, requirió al Tribunal de Cuentas que hiciera una auditoría integral de la comuna que iba a recibir. Mediante la acordada 3.075, los vocales del organismo rechazaron el pedido. Adujeron que es facultad del organismo disponer este tipo de prácticas cuando lo consideren conveniente.