Por Redacción Política
08 Diciembre 2007
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La Legislatura modificó la Ley Orgánica de Comunas Rurales, actualizó cifras y realizó un retoque al artículo que autoriza al Tribunal de Cuentas a avalar lo actuado por los comisionados.
El artículo 27 bis de la ley 7.350, sancionada el 31 de enero de 2004 y publicada nueve días después, permitió que el ente de contralor apruebe "los gastos efectuados por las Comunas Rurales, sin contar con los instrumentos legales idóneos para la autorización de los mismos, siempre que se acrediten con la documentación sustentatoria evaluada", durante toda la gobernación de Julio Miranda. La nueva normativa, sancionada el jueves por unanimidad y sin debate, quita de ese artículo la expresión "sin contar con los instrumentos legales idóneos para la autorización de los mismos", y agrega que la autorización es para los gastos "y las inversiones" comunales. Y habilita al organismo de control a que, en esas condiciones, apruebe lo hecho por los delegados comunales durante toda la primera gobernación de José Alperovich.
A la vez, los comisionados podrán realizar contrataciones directas por $ 4.000 (antes, por la mitad), concurso de precios en compras hasta $ 10.000 (antes, hasta $ 8.000), licitaciones privadas para contrataciones de hasta $ 18.000 (antes, hasta $ 15.000). Por montos mayores, deberán convocar a licitaciones públicas.
A esto se agregó que cuando se trate de obras públicas o de contratación de servicios que son financiados por la Nación, regirá lo que fijen los convenios con los organismos nacionales. Y se añade que cuando el monto supere los $ 20.000 podrá optarse por una licitación pública o privada.
Los legisladores aumentaron, también el monto de los subsidios y las ayudas económicas para los pobres o para entidades de bien público. Antes, el mínimo era de $ 200 y el máximo era de $ 1.000. Ahora, el mínimo es esa última cifra y el máximo es $ 2.000. A la vez, podrán hacer compras directas de combustibles hasta $ 10.000 por mes. Antes sólo decía "de acuerdo a las necesidades de servicio de la comuna".
El artículo 27 bis de la ley 7.350, sancionada el 31 de enero de 2004 y publicada nueve días después, permitió que el ente de contralor apruebe "los gastos efectuados por las Comunas Rurales, sin contar con los instrumentos legales idóneos para la autorización de los mismos, siempre que se acrediten con la documentación sustentatoria evaluada", durante toda la gobernación de Julio Miranda. La nueva normativa, sancionada el jueves por unanimidad y sin debate, quita de ese artículo la expresión "sin contar con los instrumentos legales idóneos para la autorización de los mismos", y agrega que la autorización es para los gastos "y las inversiones" comunales. Y habilita al organismo de control a que, en esas condiciones, apruebe lo hecho por los delegados comunales durante toda la primera gobernación de José Alperovich.
A la vez, los comisionados podrán realizar contrataciones directas por $ 4.000 (antes, por la mitad), concurso de precios en compras hasta $ 10.000 (antes, hasta $ 8.000), licitaciones privadas para contrataciones de hasta $ 18.000 (antes, hasta $ 15.000). Por montos mayores, deberán convocar a licitaciones públicas.
A esto se agregó que cuando se trate de obras públicas o de contratación de servicios que son financiados por la Nación, regirá lo que fijen los convenios con los organismos nacionales. Y se añade que cuando el monto supere los $ 20.000 podrá optarse por una licitación pública o privada.
Los legisladores aumentaron, también el monto de los subsidios y las ayudas económicas para los pobres o para entidades de bien público. Antes, el mínimo era de $ 200 y el máximo era de $ 1.000. Ahora, el mínimo es esa última cifra y el máximo es $ 2.000. A la vez, podrán hacer compras directas de combustibles hasta $ 10.000 por mes. Antes sólo decía "de acuerdo a las necesidades de servicio de la comuna".
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