Puntualmente, a las 9, acompañado por el abogado Pablo Bauque, el destituido ex magistrado Felipe Terán ingresó ayer al primer piso del edificio que la Justicia Federal ocupa en Las Piedras al 400. Dos minutos más tarde se retiró, oportunidad en la que se limitó a manifestar a LA GACETA: "vine a hacer uso de mi derecho de defensa". Su letrado agregó que la audiencia había sido postergada hasta que sea resuelto el planteo que habían formulado, pero no dio más detalles. Terán recusó a Daniel Bejas, a cargo del juzgado federal Nº 1, que lo había citado para que explicara una diferencia de $ 874.761 entre los ingresos que registró como magistrado, entre 1999 y 2005, y la evolución de su patrimonio en igual período.
Terán, que no quiso revelar el contenido del escrito, habría cuestionado que haya trascendido -por medio de la prensa- la citación que le hicieron antes de que se concretara la audiencia. Habría argumentado que esa circunstancia vulneró el principio de imparcialidad del que goza toda persona. El ex titular del juzgado federal Nº 2 habría sido notificado el martes de la providencia que el día anterior había firmado Bejas.
El ex magistrado también habría hecho reservas para, una vez que sea resuelta la recusación deducida, discutir el artículo 268 (2) del Código Penal, en virtud del cual fue convocado.
En la doctrina hay controversia sobre la constitucionalidad de esta norma, porque algunos autores entienden que vulnera el principio de inocencia, porque produce una suerte de inversión de la carga de la prueba. La disposición expresa: "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50% al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
Como consecuencia del planteo, ahora Bejas deberá fijar su posición (posiblemente contraria al planteo) y elevar la cuestión a la Cámara Federal de Apelaciones, para que resuelva.
Una larga historia
A pedido del fiscal federal Carlos Brito, Bejas había ordenado: "debe justificar la discordancia existente entre la sumatoria de sus recursos anuales disponibles por el período 1999-2005, que ascendieron a $ 444.881, y su incremento patrimonial apreciable -por idéntico período- de $ 1.319.642, conforme constancia de autos e informe de profesionales en Ciencias Económicas (consultadas)".
Terán debió presentarse ante Rogelio Rodríguez del Busto, porque este, pese a ser secretario Electoral, está actuando en la causa penal, como consecuencia de que todos los secretarios del Juzgado Federal Nº 2 (originariamente había recaído allí la causa) se excusaron de intervenir, al igual que Norberto Véliz (del Juzgado Nº 1). Terán estuvo al frente del despacho tucumano entre diciembre de 2001 y el 18 de octubre del año pasado, en que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo destituyó por supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública. Antes, se había desempeñado como juez federal de Catamarca.
Terán, que no quiso revelar el contenido del escrito, habría cuestionado que haya trascendido -por medio de la prensa- la citación que le hicieron antes de que se concretara la audiencia. Habría argumentado que esa circunstancia vulneró el principio de imparcialidad del que goza toda persona. El ex titular del juzgado federal Nº 2 habría sido notificado el martes de la providencia que el día anterior había firmado Bejas.
El ex magistrado también habría hecho reservas para, una vez que sea resuelta la recusación deducida, discutir el artículo 268 (2) del Código Penal, en virtud del cual fue convocado.
En la doctrina hay controversia sobre la constitucionalidad de esta norma, porque algunos autores entienden que vulnera el principio de inocencia, porque produce una suerte de inversión de la carga de la prueba. La disposición expresa: "será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del 50% al 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que, al ser debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
Como consecuencia del planteo, ahora Bejas deberá fijar su posición (posiblemente contraria al planteo) y elevar la cuestión a la Cámara Federal de Apelaciones, para que resuelva.
Una larga historia
A pedido del fiscal federal Carlos Brito, Bejas había ordenado: "debe justificar la discordancia existente entre la sumatoria de sus recursos anuales disponibles por el período 1999-2005, que ascendieron a $ 444.881, y su incremento patrimonial apreciable -por idéntico período- de $ 1.319.642, conforme constancia de autos e informe de profesionales en Ciencias Económicas (consultadas)".
Terán debió presentarse ante Rogelio Rodríguez del Busto, porque este, pese a ser secretario Electoral, está actuando en la causa penal, como consecuencia de que todos los secretarios del Juzgado Federal Nº 2 (originariamente había recaído allí la causa) se excusaron de intervenir, al igual que Norberto Véliz (del Juzgado Nº 1). Terán estuvo al frente del despacho tucumano entre diciembre de 2001 y el 18 de octubre del año pasado, en que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación lo destituyó por supuestas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos de la deuda pública. Antes, se había desempeñado como juez federal de Catamarca.
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