"La reforma procesal afectará a los más pobres"

En sus manos tenía una carpeta en la que sobresalía el texto de la Ley 7.954, que reformó el Código Procesal de la provincia y que flexibilizó las causales para el dictado de órdenes de prisión preventiva. El abogado Gustavo Palmieri (40 años) conoce perfectamente el tema, porque dirige el programa "Violencia institucional y seguridad ciudadana" en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyo presidente, Horacio Verbitsky. El CELS llegó a enviarle una carta al gobernador José Alperovich, en la que le pedía que no promoviera la sanción de la norma, porque resultaba violatoria de los derechos humanos. El letrado no tiene dudas. Pronostica que los cambios no contribuirán a contrarrestar el problema de la seguridad, sino que, por el contrario, sólo perjudicarán a los sectores más vulnerables de la sociedad. Añade que, en cambio, servirán para disimular los problemas de la Policía y del sistema judicial.
Palmieri enseña en la Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Nacional de Lanús. Ayer, invitado por la ONG Andhes, dio una charla a funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial, así como a miembros de la fuerza de seguridad. Antes de ello, dialogó con LA GACETA.

-¿Por qué se opusieron a esta reforma procesal?
-Porque, en principio, no viene a solucionar nada. Sólo aumenta la prisión preventiva para una serie de casos, y el problema de la inseguridad, de los delitos, de la violencia no pasa por esa perspectiva. Es una respuesta, en alguna medida simbólica, pero que afecta a un sector social en particular: los más pobres de Tucumán, que quedarán implicados. Pero no da ninguna respuesta en términos de seguridad. En vez de centrar la preocupación en que haya más pruebas para condenar los delitos, lo que se hará es detener previamente a personas que, de aplicarse la ley, si fueran condenadas, podrían tener una pena en suspenso. Pero, mientras esperen ese pronunciamiento acerca de si son culpables o inocentes, lo harán privadas de su libertad. Esto es una aberración en términos jurídicos.

-¿Se trata, entonces, de un mero parche?
-Tucumán, como otras provincias, tienen problemas de acceso a la Justicia y de debilidad del sistema de defensa pública, al que recurren los sectores de bajos recursos. Entonces, incrementar estos mecanismos no soluciona nada en términos de seguridad. Sólo genera una sobrepoblación carcelaria. Es una utilización abusiva del sistema penal, porque no se tiene respuesta para otros problemas. Estas reformas ocultan deficiencias de la Justicia o del sistema penal.

-¿Qué quiere decir eso?
-La mayoría de los expedientes judiciales tienen muy poca prueba y los procesos son muy lentos. Entonces, en vez de trabajar en esto, en las reformas estructurales, se prefiere dar algunas respuestas que no sólo son simbólicas, sino que vienen a convalidar esa práctica. El sistema seguirá siendo lento y más aún, porque una vez que tengan a las personas privadas de libertad, ya no tendrán presión por esclarecer el hecho, más aún si hay poca prueba. Entonces, se preferirá que esa persona esté detenida hasta que el hecho se olvide y recién se la largará, probablemente porque no había ninguna prueba.